Última Hora

El decreto presidencial que hace oficial la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) genera una ola de críticas e incertidumbre por sus dudosas intenciones y vaga redacción.

El polémico decreto, firmado por el presidente Carlos Alvarado y publicado el lunes anterior en el diario La Gaceta, permitirá que la UPAD acceda a la información de todas las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada de manera irrestricta, en el sentido en que establece la obligatoriedad de estas a brindar cualquier dato solicitado con excepción de aquellos considerados secreto de Estado.

El Gobierno defiende que el objetivo último de la unidad será recabar y procesar datos de interés para así generar política pública de manera más oportuna y eficaz.

“UPAD en realidad es un pequeño equipo de trabajo que ha venido trabajando en la Presidencia de la República con dos economistas y un estadístico que básicamente lo que han hecho es generar análisis de datos para generar política pública.

“Por ejemplo han hecho análisis de dónde están los centros educativos que tienen mayor población estudiantil y mayores necesidades para que el Ministerio de Educación Pública cuente con esa información y priorice la inversión y medidas en cuanto a calidad educativa”, dijo este viernes la ministra de Comunicación Nancy Marín en el programa 7 Días Radio.

La UPAD, que responderá directamente al Presidente, fue creada por decreto desde octubre anterior pero no fue hasta este lunes que adquirió oficialidad y lo hizo sin mayor lobby de Presidencia, que lo anunció meses atrás como una herramienta enfocada principalmente en temas de combate a la pobreza, pero nunca bajo el alcance actual.

Portillo

Esa intención del Gobierno de generar política pública a partir del análisis de datos tiene sin embargo un componente incierto.

En su penúltimo artículo establece que la UPAD será declarada como de interés público “para asegurar el efectivo cumplimiento de sus objetivos”.

Esa declaratoria, sin embargo, es el portillo que diputados y expertos critican.

“La Ley de Protección de Datos establece determinadas excepciones al principio de autodeterminación informativa cuando se utiliza información por interés público. La ley establece que pueden establecer limitaciones cuando hay interés público por parte del Estado, entonces ellos (Gobierno) están construyendo la llave para abrir esa puerta”, aseguró Mauricio París, abogado experto en el tema de protección de datos.

La ministra Marín insistió sin embargo en que el decreto no está por encima de la ley y que por lo tanto esa preocupación no tiene sentido.

“El decreto no está por encima de ninguna ley, aquí hay leyes que protegen la confidencialidad y privacidad de los datos aun cuando estén en la institucionalidad pública. El decreto no está por encima de las leyes, estas siguen rigiendo para todo el país, incluyendo el presidente de la República”, dijo.

Sin embargo, los diputados de oposición no han tenido reparo en lanzar airadas críticas al Gobierno y el Presidente por esa decisión.

“Acceso a datos confidenciales? Por decreto? En serio? Francamente no se sabe si es ocurrencia, malos propósitos o incapacidad. A quién en Zapote se le ocurre sugerir algo así? Lo que se impone es derogar eso de inmediato y echar a los de la idea”, dijo el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, presidente además de la Asamblea Legislativa.

“Esta oficina creada por el Presidente para a averiguar información confidencial de todos los costarricenses para fines políticos es ABSOLUTAMENTE INCONSTITUCIONAL y por eso estableceré acciones legales en la Sala IV. El régimen chavista llegó a Costa Rica”, dijo a su vez Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República.

“Me parece que es una preocupación subsanada desde el inicio, porque las leyes son clarísimas, aquí no hay ninguna ilegalidad, el decreto no puede estar por encima de ninguna ley que además ya protegen y contemplan sanciones sobre la información confidencial que contempla al Estado”, dijo Marín, quien afirmó que en caso contrario los diputados tendrían que otorgarle esa facultad al Presidente y que esa solicitud ni siquiera va a ocurrir en una democracia.