“No tenemos recursos para cumplir con la Ley de Bienestar Animal” dice Director del OIJ
El Director del OIJ señala que el presupuesto anual -estimado- para poder aplicar de buena manera la Ley supera los 4.000 millones de colones anualmente.
Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló este jueves en conferencia de prensa que la institución no tiene los recursos, ni presupuesto externo para poder cumplir a cabalidad la Ley de Bienestar Animal.
“La falta de personal, equipo especial, instrumentos adecuados, vehículos e infraestructura impide que el OIJ cumpla el mandato legislativo que fue aprobado en la Asamblea Legislativa el 1 de junio de 2017”, indica Espinoza.
Además, afirma que todo este tiempo se ha trabajado con los recursos internos, pero muchos de ellos no son aptos, ni suficientes para poder realizar un buen trabajo.
“Nosotros tenemos que atacar todos los casos de investigación que nos llegan con el mismo presupuesto que usamos para la investigación de los humanos y, demás actos delictivos que se presentan en todo el país. Solo tenemos dos investigadores para trabajar en ello”, señala el director de OIJ.
El organismo trabaja en tres ámbitos de acción: crueldad con los animales, delitos sexuales con los animales y Vivisección (investigación científica con animales).
El Ministerio de Hacienda es la institución responsable de dar presupuesto al OIJ para investigar los hechos de maltrato, sin embargo, Espinoza afirma que han hecho varias peticiones a los órganos internos, pero hay que recordar que el organismo tiene prohibición de crecimiento y más bien año con año decrece.
Para atender los casos la entidad trabaja en conjunto con la Universidad Nacional (UNA) y con la escuela veterinaria San Francisco de Asís.
El Director del OIJ señala que el presupuesto anual -estimado- para poder aplicar de buena manera la Ley supera los 4.000 millones de colones anualmente.
Esta Ley incluye definiciones de lo que es considerado maltrato hacia los animales, crueldad y muerte y enfatiza en las responsabilidades de los propietarios de animales de compañía quienes deben garantizarles condiciones vitales básicas y un manejo apropiado según las buenas prácticas de seguridad, higiene, salud pública y veterinaria.