UCR concilió con 37 estudiantes de la carrera de Marina Civil
La institución educativa no divulgó los montos de esa conciliación, amparándose en un principio de confidencialidad entre las partes
La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció este jueves que concilió con 37 estudiantes de la carrera de Marina Civil, ampliamente cuestionada por la falta de requisitos para poder otorgar títulos a sus cursantes.
Se trata de un primer proceso de mediación entre la institución y los estudiantes que decidieron abandonar sus estudios ante la imposibilidad de obtener un título.
De ese primer grupo 32 corresponden a personas que optaron por trasladarse voluntariamente a otra carrera dentro de la institución, los otros cinco lo hicieron a la Universidad Marítima Internacional de Panamá, todo esto en el año 2019.
El proceso de mediación fue asistido por personas expertas del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), órgano adscrito al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
La UCR aclaró que no se trata de una indemnización; sin embargo, el Semanario Universidad divulgó que los estudiantes serían indemnizados según la cantidad de créditos aprobados y convalidados, y que utiliza el salario ocupacional para definir el monto. Además, dice el semanario, se incluye el aguinaldo y un 50% adicional.
“Con esto, la UCR ofreció una salida mutuamente satisfactoria en el corto plazo, para que la población estudiantil pueda recuperar parte de la confianza depositada en Marina Civil y continúe con su vida y su proceso formativo sin más dilación, al tiempo que la Institución hace los ajustes necesarios”, explicó Fernando García, vicerrector de Docencia de la UCR.
La institución aseguró que no se referirá a los acuerdos firmados en esa conciliación amparada “en el compromiso de confidencialidad que el proceso exige a las partes y la garantía de respeto a la información personal de las partes involucradas”.
“No es posible proporcionar información detallada sobre los resultados de estos acuerdos debido a impedimentos legales en cumplimiento de la Ley 7727 Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y la Ley 8968 Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales”, añadió.
La carrera fue abierta en 2012 sin contar con los equipos o materiales necesarios para impartirla así como la certificación de Conare, lo que ha impedido que la graduación de sus estudiantes.