Por Julio Naranjo |20 de enero de 2020, 17:26 PM

A la Defensoría de los Habitantes y el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) les preocupa que el presupuesto para la institución que atiende a la niñez costarricense disminuya considerablemente en los próximos años.

La inquietud surge luego de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual deroga la obligatoriedad que tenía el Ministerio de Hacienda de trasladar al PANI un 7% de lo recaudado por impuesto sobre la renta.

Se trata del artículo 34 inciso A de la Ley Orgánica del PANI, el cual asignó desde 1996 por orden de la Sala Constitucional una partida equivalente al 7% de lo recaudado en el año fiscal anterior por impuesto de renta que sería girado al Patronato el mes de enero de cada año.

“Aunque nunca trasladaron por completo ese porcentaje, la preocupación actual es que revisando la nueva ley se observa que esa norma que obligaba al traslado de ese porcentaje fue derogada, es decir que ya no es obligatorio para las autoridades hacendarias realizar ese traslado de dineros”, comentó Kathya Rodríguez, directora de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes.

La funcionaria añade que este cambio coloca al PANI en una condición de debilidad, pues no hay certeza sobre los recursos que se darían a la institución año con año.

“Para este año se conserva un porcentaje similar al del año pasado –cercano al 4.9%–, no hay garantía que para efectos de la atención de la niñez costarricense se contará con los recursos que se ocupen”, agregó Rodríguez.

Según estiman, con este 7% de renta el PANI cubre el 75% de su presupuesto anual, por lo que algunos programas de atención y protección que podrían verse mermados.

Aunque la Defensoría fue consultada en varias oportunidades, no se identificó la moción que de último momento pudo ser incorporada en la reforma y se desconoce la posición que tuvo el PANI propiamente para defender los recursos.

“Si cuando era obligatorio no daban los recursos, ahora que no es obligatorio no podemos ni recurrir a la Sala Constitucional porque nos parece que la ley en la práctica quedó derogada, entonces no hay recurso legal al que recurrir”, añade Carlos Cabezas, secretario general del Sindicato de Empleados del PANI (SEPI).

Aunque reconocen problemas de ejecución presupuestaria, la demanda de recursos económicos es necesaria para la atención integral en el PANI.

“El trabajo comunitario que realiza la institución en la labor preventiva y educativa, que desde mi gusto personal es muy modesta, se necesita muchos recursos para la transformación de las familias con publicidad y actividades de sensibilización”, concluyó Cabezas.