Por Juan José Herrera |16 de enero de 2020, 12:46 PM

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) ordenó abrir una nueva investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís para determinar posibles faltas a la probidad en el sonado caso del cementazo.

El oficio de la PEP fue enviado el lunes anterior al presidente de la Asamblea Legislativa Carlos Ricardo Benavides (PLN) y la primera secretaria Laura Guido (PAC), pero no fue dado a conocer al resto de los legisladores hasta el día de hoy.

Esa situación fue ampliamente criticada por los diputados en medio de la discusión en segundo debate del proyecto para regular huelgas.

El liberacionista Roberto Thompson cuestionó a Benavides de esa notificación luego de consultas de medios de la prensa. El presidente de la Asamblea aseguró que hubo “un error administrativo importante” por no difundir ese oficio el miércoles entre los diputados.

Tanto Guido como Benavides aseguraron que solo ellos conocen el contenido del oficio, pues no fue compartido ni siquiera dentro de sus propias fracciones.

La solicitud de la PEP insta a la Procuraduría General de la República a reabrir la investigación contra Solís a raíz de los hallazgos de la comisión legislativa que precisamente investigó los hallazgos del Plenario anterior en esa investigación que acabó por eximir al expresidente de toda responsabilidad.

Esa notificación tardía deja a los diputados con un margen muy corto para presentar sus consideraciones, pues hoy mismo vence el plazo que da la Procuraduría para tal fin.

Lo mismo había sucedido con el pasado informe de la comisión anterior.

“Solo el ser humano se tropieza con la misma piedra, ya nos había pasado con el informe anterior, y se los dije, no votemos por el PAC para el directorio del Plenario, pero pasó”, cuestionó el socialcristiano Pedro Muñoz.

Paola Vega defendió en su control político que el PAC desconocía del oficio y que aseguraba a la ciudadanía que ellos tampoco tenían idea de esa decisión.

Benavides por su parte aseguró que todavía hay plazo para apelar, por lo que no puede decirse que el caso sea idéntico al anterior, cuando los diputados no pudieron debatir sobre la decisión de la Procuraduría de eximir de responsabilidad a Solís por su participación en el caso de la importación de cemento chino por el cuestionado empresario Juan Carlos Bolaños.

Guido aseguró que, al tratarse de un oficio y no una resolución, el plazo es diferente y que ella no pidió ser notificada, sino que se hizo por decisión de la Procuraduría, pero que desde el lunes solicitó a Benavides hacer de conocimiento de todo el Plenario la decisión de la Procuraduría. 

El oficio fue enviado a eso de mediodía de los legisladores y Benavides aceptó que la responsabilidad de ese envío tardío es suya.