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Con 35 votos a favor y 13 en contra los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves en segundo debate el proyecto para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, que ahora esperará la firma del presidente Carlos Alvarado para convertirse en ley.

La polémica iniciativa, que había sido enviada a la Sala Constitucional en setiembre anterior, vio hoy la luz tras una votación marcada por los últimos criterios a favor y en contra de los legisladores.

“Aquí estamos atendiendo las necesidades de empresarios, de jefas de hogar, de trabajadores, ese respeto a esas necesidades es el que impulsa a esta legisladora a tomar decisiones que de repente son álgidas, pero son necesarias para el país”, dijo la liberacionista Yorleni León, una de las defensoras del proyecto.

El proyecto traerá reformas importantes al Código de Trabajo en el apartado de movimientos sociales, algunos drásticos como la suspensión inmediata del pago de salarios desde el momento en que un trabajador se declare en huelga. Ahora los salarios se pagarán de manera retroactiva solo en el caso de que el movimiento se declare legal y un juez determina que el patrón tuvo un incumplimiento grave en el contrato.

También quedarán prohibidas las huelgas en servicios esenciales como salud, seguridad pública, controladores aéreos. Los movimientos en servicios trascendentales (recolección de basura, trámites migratorios o muelles, entre otros) serán permitidos por hasta 10 días y en estratégicos (educación pública) por hasta 21 días. En estos casos el trabajador tendrá que notificar al patrono, con antelación, que irá a huelga.

Las huelgas contra políticas públicas (por ejemplo contra proyectos de ley) serán permitidas solo durante 48 horas, luego de este plazo serán declaradas ilegales.

Los tribunales tendrán un plazo improrrogable de 24 horas para la declaratoria de un movimiento. Si la solicitud no está en forma ese plazo se extenderá hasta las 72 horas. Este último plazo no podrá excederse bajo ninguna circunstancia.

Además, los movimientos serán declarados ilegales de manera inmediata si los manifestantes realizan bloqueos en vías públicas, impiden acceso a edificios o realizan sabotajes a bienes públicos.

“En momentos de gran crispación social estamos aplicando la receta incorrecta, de no dialogar, de poner más muros entre gobernantes y gobernados, hacer oídos sordos de esas señales similares a las de países del cono sur”, dijo la oficialista Paola Vega, opositora desde el día uno de la iniciativa por considerar que irrespeta el legado histórico y el derecho a huelga.

Precisamente este mismo jueves trabajadores del sector público, incluidos representantes de Educación y Salud, se manifestaron en las afueras de la Asamblea Legislativa contra la aprobación de la iniciativa.

Los bloques sindicales anunciaron medidas contra la futura ley para los próximos días.

Se espera que el Presidente sancione la ley en las próximas horas.