Última Hora

Pese a que recibió un aumento del 119% en las trasferencias del Gobierno Central, la labor del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es cada vez más deficiente.

Esa es la principal conclusión de un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República para el periodo entre 2015 a 2018.

“Una vez concluida la presente auditoría esta Contraloría General determinó que en el PANI hubo ausencia de un plan estratégico y líneas de acción formalizadas para canalizar los mayores recursos percibidos del Gobierno Central; emitiéndose tardíamente y con limitaciones dicho plan, al carecer de metas e indicadores que concretaran la estrategia y líneas de acción específicas que guiaran el accionar institucional en el período en estudio”, cita el informe.

El análisis concluyó que en ese periodo el porcentaje de menores que recibió atención por parte del PANI pasó de 80% a 71%.

En esa misma línea, los tiempos de espera para la atención de casos desmejoraron: las denuncias atendidas fuera del plazo mínimo pasaron de 69% en 2017 a 74% en 2018.

El estudio asegura también que pese a que los traslados de recursos a ONG’s dedicados a la protección de la niñez aumentaron, esto no ha reflejado ningún cambio en la cantidad de menores atendidos.

Desde 2016 el Patronato empezó a recibir transferencias del Ejecutivo gracias a la asignación del 7% del impuesto sobre la renta, pasando la contribución estatal de ₡22.365 millones a ₡49.012 para un aumento total del presupuesto de 64% (₡79.771 millones).

La Contraloría asegura que los proyectos de promoción y prevención no registraron resultados ni tampoco variantes significativas pese a la inyección de recursos.

“Esta Contraloría General determinó que el PANI, para efectos de implementar los proyectos a nivel local y regional no tenía definido claramente el proceso de atención asociado al programa de promoción y prevención”.

El informe ordena a la presidencia del PANI que revise y ajuste el plan estratégico de la institución y que analice las acciones y metas de los procesos de atención de denuncias, el traslado de recursos a ONG’s y los programas de promoción y prevención.