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El Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) descartó que el plan de créditos de salvamento anunciado el pasado 11 de octubre por el Gobierno sea una amenaza para el sistema financiero estatal, como señalaron diversos economistas y la calificadora de riesgo Moody’s.

La jerarca de esa cartera, Pilar Garrido, aseguró que la directriz que sustenta ese plan de créditos les otorga potestad a los bancos de definir los detalles del préstamo, así como la elección de a cuáles personas otorgarlo.

“Esto les permite a las instituciones financieras diseñar un producto seguro”, dijo Garrido.

La ministra insistió que el programa no significa un peligro para la rentabilidad de la banca apoyada en el compromiso que adquieren los deudores con el Estado para no adquirir nuevos créditos por un plazo determinado.

“La firma de este documento, así como el compromiso de recibir educación financiera contribuirá a reducir la probabilidad de mora y a minimizar el riesgo”, subrayó Garrido.

En ese punto en particular los economistas advirtieron que detrás de esa buena intención podría esconderse un empujón a la informalidad, pues si las personas se ven en una necesidad económica y no pueden recurrir a la banca formal se verán obligados a financiarse mediante préstamos informales.

Moody’s advirtió que prestar dinero a clientes sobreendeudados con tasas preferenciales supone un riesgo para la banca estatal en temas de rentabilidad.

Garrido respondió al informe asegurando que las utilidades de los bancos participantes no tendrían porqué disminuir, sino que más bien podrían inclusive aumentar dependiendo del porcentaje de las deudas contraídas con acreedores que no participen en el programa.

El plan del Gobierno ofrece a personas que tengan más del 40% de sus ingresos obtener créditos en condiciones mucho más favorables de las habituales, con tasas de interés privilegiadas y plazos de hasta 20 años.

La intención del Ejecutivo es ofrecerles a las personas más endeudadas un poco de solvencia y con esto también incentivar el consumo y promover la reactivación de la economía.

Según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el endeudamiento de las familias costarricenses alcanzó cifras históricas: de junio de 2011 a junio de 2018 el promedio se ha duplicado, pasando aproximadamente de ₡4.4 millones a ₡8,5 millones.

La administración también reforzó su defensa con el dato de que, de los 126.000 funcionarios públicos del gobierno central, más de 35.000 reciben menos de ₡190.000 por mes debido, fundamentalmente, al pago de deudas.