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Un exoficial de la Fuerza Pública graduado como abogado y quien incluso es autor de algunos libros figura como líder y autor intelectual de la organización criminal encargada de la fabricación y detonación de aparatos explosivos.

Se trata Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, quien fue uno de los siete detenidos este martes en una serie de allanamientos realizados en varias localidades del país por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

A ellos se les relaciona como responsables de la creación y colocación de aparatos explosivos en la Asamblea Legislativa y las afueras de Televisora de Costa Rica, los cuales, según las autoridades, se pretendían utilizar en los desfiles del 15 de setiembre.

“Policialmente identificamos como presunto líder al sujeto de apellidos Gutiérrez Pizarro, quien es un abogado que se dedica a actividades de transporte privado e incluso tiene libros y escritos relacionados con el tema”, explicó Walter Espinoza, director del OIJ.

Agrega que durante el proceso de investigación se enteraron de que alias “Pizarro”, a quien aprehendieron en su casa de habitación en Quircot de Cartago, así como Álvaro Ureña Wong, otro de los detenidos, comandaban las actividades de la organización y eran las fuentes de consulta de los otros integrantes.

“Este grupo tiene una afinidad ideológica que se orienta a la necesidad de provocar la desestabilización en el Gobierno que esté de turno. No hay ninguna dirección relacionada con un partido político en particular, sino lo que pretenden provocar conmoción generalizada”, agregó Espinoza.

Entre los libros de la autoría de Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro destaca “Costa Rica: La patria tomada, robada y vendida”, en la que describe un choque frontal entre los círculos poderosos y los pobres.

También fueron detenidos Manfred Sandoval Alvarado conocido como ‘Macuá’, Tobías Rafael Borbón Navarro conocido como ‘Tobi’, Luis Diego Navarro Naranjo, Jerry Humberto Calderón Navarro y Aida Patricia Fernández Castro, quien es una funcionaria del MEP que había alentado a movimientos subversivos por medio chats de Whatsapp.

A ellos se les acusa por cometer los delitos de incendio y explosión, fabricación o tenencia de materiales explosivos, así como apoyo y servicios para el terrorismo, destacó la fiscala Emilia Navas.

Todos están a las órdenes del Juzgado del Primer Circuito Judicial de San José, pues se valora la imposición de medidas cautelares.