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La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) utilizaría el dinero que le sobra a otras instituciones para seguir funcionando, al menos mientras alcanza su perseguido punto de equilibrio financiero.

El recién aprobado proyecto de modernización faculta a la institución portuaria a utilizar el superávit de otras instituciones en aras de mantener a flote su operación.

Andrea Centeno, presidenta de la Junta, aseguró que precisamente esta es la opción que valoran para sobrellevar el mes que la futura ley otorga para definir cómo se realizará la reducción del 80% de la planilla actual, requisito indispensable para esa supervivencia.

“El proyecto de ley permite solicitar y recibir superávits de otras instituciones públicas, esto se hizo también pensando en esta eventualidad de tener un periodo que no pudiéramos cubrir o bien apoyarnos durante la reestructuración y el proceso de recuperación de Japdeva”, explicó Centeno.

La jerarca aseguró no poder precisar cuánto queda de la partida de ₡5.753 millones que el Ejecutivo les otorgó para el pago de salarios, pues no sería hasta este miércoles que se pagaría la primera quincena de octubre y por lo tanto se hiciera un balance económico.

“Hemos consumido bastante de ese presupuesto y ahora lo que tenemos que hacer es conseguir ese redimensionamiento lo más pronto posible para tratar de sostener la Junta con los recursos que genera”, dijo.

Apuro

En un plazo máximo de tres semanas la administración de la Junta deberá presentar los criterios técnicos que definirán cómo va a trabajar a partir de ahora y con cuánto personal.

Esos criterios se les comunicarán al Estado y también a los empleados, que a partir de esta certeza sobre su futuro deberán decantarse por una de las tres opciones planteadas por la futura ley: prejubilación adelantada, traslado horizontal o despido con una serie de bonificaciones.

En el primer caso la institución ya identificó 315 empleados que cumplen con los requisitos para ese plan de prejubilación (al menos 55 años de edad y 25 de cotizar) y alrededor de 250 que se perfilaron para el tema de traslados horizontales.

“Ya incluso recibimos 10 ofertas con una de las instituciones que participó de una de nuestras ferias para esta posibilidad de recibir trabajadores nuestros”, adelantó la jerarca sin revelar de cuál se trata.

Centeno sí confirmó que el IMAS, Inder, AYA, Incopesca, Recope, PANI, IFAM, INVU y CNP son de momento las instituciones que se han acercado a Japdeva para esta posibilidad.

En estos dos casos la ley ofrece un plazo de hasta tres meses para la formalización y pago de las obligaciones correspondientes.

El tercer camino ofrecería a los trabajadores el pago de hasta 12 años de cesantía más bonificaciones que van desde los cuatro a los ocho salarios adicionales.

Los dirigentes sindicales de Sintrajap aseguraron que ven con buenos ojos cualquiera de las opciones en el tanto en que ninguna sea impuesta, por lo que advirtieron que no tolerarán ningún despido bajo ninguna circunstancia y que en esto tienen el respaldo de su Convención Colectiva y un recurso de amparo vigente.

“La ley y el dictamen de la sala son muy claros en sus alcances. La Sala se refirió a ese transitorio 2 donde se le indica a la administración que va a tener que proceder hasta llegar al punto de equilibrio, eso fue lo que fue consultado por una posible inconstitucionalidad que finalmente no existió.

“Yo comparto con los sindicatos que no queremos ningún despido, pero por eso se definieron esos bonos. Si no hay punto de equilibrio viene el cierre técnico y esas personas que podían seguir trabajando igual se van a quedar sin nada. Así que si cumplido ese mes hay trabajadores que no han tomado una decisión se despedirán solo con las prestaciones de ley”, enfatizó Centeno.

Liroy Pérez, vocero y dirigente sindical, aseguró que si esa posición se mantiene buscarán el apoyo de la provincia (Limón) para defender a los empleados, sin entrar en detalles sobre las medidas específicas de presión que esto podría significar.

El proyecto aún está a la espera de ser sancionado por el Presidente y posteriormente publicado en el diario oficial para adquirir oficialidad.