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Con el apoyo de 36 diputados este lunes se aprobó en segundo debate el proyecto de Transformación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y Protección de sus Personas Trabajadoras, conocido popularmente como ley rescate.

El proyecto que ahora pasará a manos del Ejecutivo traza los lineamientos para la modernización de Japdeva y la forma en cómo operará esta a partir de ahora, iniciando por la necesidad de sacar a 80% de su planilla (unos 950 empleados) mediante tres opciones propuestas: la jubilación adelantada, los traslados horizontales o el despedido con beneficios adicionales.

Para estos fines los diputados aprobaron recientemente un presupuesto de casi ₡18.000 millones para el pago de esas cesantías que se sumó a otro de ₡5.753 millones otorgado en junio anterir para asegurar la operación de la Junta por tres meses, precisamente a la espera de la aprobación del proyecto.

La presidencia de la Junta ya tenía identificados a 315 empleados que cumplen con los requisitos para ese plan de prejubilación (al menos 55 años de edad y 25 de cotizar) y alrededor de 250 que se perfilaron para el tema de traslados.

“Sobre la tercera modalidad, que es la que se decidiría por salir de Japdeva con una serie de incentivos adicionales, lo que nos han manifestado los empleados es que están a la espera del segundo debate para tener una mayor certeza de su futuro”, había dicho días atrás la presidenta Andrea Centeno.

La jerarca deberá en los próximos días definir cómo se dará la salida esos casi 1.000 trabajadores, la única forma de asegurar la solvencia financiera de la Junta.

El proyecto, que recibió hoy seis votos en contra, fue ampliamente criticado precisamente por esa intención de rescatar a una empresa que presenta déficits sostenidos durante la última década.

"Muchos dijeron que aquí estamos para alcahuetear a Japdeva, seguir dándole recursos sin pedir resultados o darles herramientas, sin embargo, la gran mayoría dichosamente establece un centro para poder darle una solución a esta Junta y a sus empleados, a pesar de que lamentablemente un 80% deberá irse", aseguró el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Erwen Masís.

incluso fue enviado a la Sala Constitucional para su revisión, sin embargo el órgano no encontró ningún vicio en la propuesta.

El texto, que aún no es ley, deberá recibir la firma presidencial en los próximos días y publicarse en el Diario Oficial.