Ministra de Justicia confirma ante diputados serias falencias en sistema de tobilleras electrónicas

La Ministra de Justicia y Paz Marcia González Aguiluz explicó este jueves, ante los diputados de la Comisión de Seguridad, las serias falencias que tiene el sistema de monitoreo electrónico para privados de libertad que se implementa desde febrero de 2017.

La utilización de tecnología obsoleta, las limitaciones contractuales con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la falta de filtros para la definición de perfiles psicosociales de quienes reciben las tobilleras fueron algunos de los puntos destacados  por la jerarca González durante la comparecencia.

Resaltó que esta es una pena sustitutiva de libertad que dicta un juez, no el Ministerio de Justicia, cuyo deber es administrar y supervisar estas personas e informar al juez cuando hay un incumplimiento.

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“No es tecnología de punta y podría estar incidiendo en los resultados, ya que la información llega mucho más lenta y así se estableció en el contrato desde hace dos años. Sin embargo, su localización siempre queda gravada, no perdemos la trazabilidad”, destacó González.

En el momento que se de una interrupción de la comunicación, existen protocolos muy claros de alerta, ya que esto no quiere decir que el privado de libertad está cometiendo un delito como se sugiere en algunos casos.

“Hay falencias en el sistema. Desde abril estamos muy preocupados por las pérdidas de comunicación, aunque la mayoría fue por descarga de los dispositivos… Además, hay 110 solicitudes de cambios de aparatos, que están dañados y no nos los quieren cambiar por datos contractuales”, señaló.

Según González, la ESPH como proveedor de las tobilleras electrónicas tiene la obligación de sustituir los dispositivos hasta ocho horas después de que Justicia lo solicita para cumplir lo que establece la ley.

“Las variables y tallas no han sido tan cambiantes, no tienen el stock necesario para brindar el servicio que el país está pagando”, que son cerca de $800.000 mensuales, destacó.

Auditoría

La jerarca defendió que más del 90% de las recomendaciones que realizó el consultor internacional Nuno Caiado en noviembre de 2018 ya se aplican en el Ministerio de Justicia.

Dicho informe señalaba problemas en el liderazgo, personal escaso y sin especialización, así como la falta de procedimientos operativos y el análisis de viabilidad técnica y socioeconómica del programa de monitoreo.

Explicó que incrementaron el personal de 10 a 15 policías y de ocho a 14 los funcionarios técnicos desde el mes de mayo.

“La unidad de monitoreo es programática, donde ya se realizó la unificación de expedientes, la relación con el poder judicial es permanente y se frenaron situaciones como salidas que se otorgaban por medio de whatsapp por medio de una reforma al procedimiento”, destacó González.

Queda por corregir la situación de radiofrecuencia para un mejor monitoreo, que en voz de la ministra quedaría solucionado con el nuevo contrato de licitación para el suministro de las tobilleras, el cual entrará a regir en febrero de 2021.

Otro punto a mejorar es el análisis previo de los reos que reciben esta pena sustitutiva, responsabilidad que recae en la Asamblea Legislativa para que avalen una reforma a la ley. La propuesta por parte de Justicia es que dicho proceso sea realizado por la Oficina de Psicología de la Corte Suprema de Justicia.

De momento, casi 1.600 privados de libertad son monitoreadas por tobillera electrónica, 21 de los cuales se encuentran en fuga.