Aprueban en primer debate que todos los cuerpos policiales tengan acceso al archivo criminal
El archivo criminal contiene información trascendental para labores de inteligencia y persecución de las acciones criminales, el acceso permitirá a los cuerpos policiales tener la información e impedir acciones delictivas que afectan a la población
El Plenario Legislativo aprobó este jueves en primer debate el expediente N° 20.997 que habilita el acceso al archivo criminal que elabora el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a todos los cuerpos policiales.
Esto quiere decir que los cuerpos policiales de carácter preventivo, las instituciones gubernamentales que regulan temas de seguridad nacional y la oficina del Tribunal Supremo de Elecciones, encargada de aprobar los trámites de naturalización costarricense, podrán realizar consultas sobre personas para determinar si mantienen expedientes criminales activos, datos de identificación contenidos en la reseña policial, fotografías y asuntos pendientes como capturas de personas, de vehículos o presentaciones.
La iniciativa del diputado verdiblanco, Gustavo Viales, pretende que las policías que realicen labores de investigación para fines represivos, como la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Profesional de Migración y Extranjería podrán consultar íntegramente los expedientes criminales que se mantienen en el sistema de Archivo Criminal.
Todos los cuerpos policiales podrán tener acceso a datos de identificación captados a través de la técnica policial, los registros de asuntos por los que ha sido detenida la persona consultada, las órdenes de captura vigentes, información relacionada con vehículos sustraídos o que mantengan gravamen con alguna autoridad judicial, propiciando de esta manera la recuperación de bienes robados o litigiosos.
Sin embargo, no se podrá compartir datos sensibles como: información de víctimas, testigos o de los mismos funcionarios del OIJ, ni tampoco información que menoscabe la dignidad y seguridad de las personas registradas o que se ponga en peligro la investigación de un proceso judicial.
El proyecto fue enviado a primer debate porque se incluyó en la propuesta un transitorio, en donde se da un plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para que el OIJ desarrolle las medidas que se requieran para la respectiva reorganización y acoplamiento que se deben implementar internamente.
La votación se hizo de manera unánime -41 votos a favor- por lo que se espera que, para el segundo debate, planteado para que se desarrolle el próximo martes, quede en firme y sin inconvenientes la reforma del artículo 41 de la ley #5524.