Última Hora

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) anunció este miércoles la adquisición de 10 motociclistas eléctricas, un primer paso en el cambio de flotilla que llevará a cabo la institución con miras en el objetivo de descarbonización que persigue el Gobierno.

Se trata de 10 vehículos de la marca Zero y modelo 2019 que utilizará la Policía de Tránsito.

El costo de la inversión en esta etapa inicial es de ₡210 millones, que incluye mantenimiento, radios de comunicación, rotulación, casco y ocho centros de carga debidamente instalados.

“Hemos de tener claro que, al igual que la mayoría de países del mundo, Costa Rica enfrenta un serio problema de movilidad segura y sostenible, en donde es de suma importancia analizar el impacto que la utilización de combustibles fósiles tiene en nuestra salud y en el medio ambiente”, afirmó Edwin Herrera, director ejecutivo del Cosevi.

“Al ser la matriz eléctrica nacional casi 100% limpia, se puede considerar que las motocicletas eléctricas son realmente cero emisiones. Esta es una acción más encaminada desde el Gobierno para mejorar la calidad de nuestro aire y la salud de la población”, afirmó la Primera Dama, Claudia Dobles.

Las motocicletas permitirán un ahorro aproximado de ₡57 por kilómetro recorrido en mantenimiento y ahorro de combustible. Además, disminuye el ruido y vibraciones y elimina la posibilidad de fugas de aceite o gasolina.

“Las instituciones públicas están llamadas a liderar el cambio y a predicar con el ejemplo, para generar experiencias piloto y demostrar que los vehículos eléctricos se pueden adaptar a las exigencias más complejas, como por ejemplo la labor tan importante que hace en carretera la Policía de Tránsito. 

"Con esto vamos a permitir que haya más variedad de opciones en el mercado y a precios cada vez más competitivos para todas las personas”, comentó a su vez el viceministro del MINAE, Rolando Castro.

En lo que resta de este 2019, el sector público proyecta una adquisición de flota vehicular eléctrica de 53 vehículos y 70 motocicletas. Se trata de ministerios, universidades, bancos e instituciones del Estado.