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La orientación sexual o la identidad de género de una persona son considerados datos sensibles dentro de la legislación nacional.

Es por eso que esta información no puede recopilarse como parte de los datos personales de la población, como lo pretende una directriz emitida por el gobierno de Carlos Alvarado.

En Zapote defienden que la medida busca determinar los niveles de violencia y discriminación que existe contra la población LGTBI.

También aclararon que las instituciones públicas no solicitarán estos datos en sus trámites.

Sin embargo, el experto advierte que la redacción de la directriz deja un portillo abierto.