Crimen en Salitre: inacción del Gobierno incidió en asesinato de dirigente indígena, afirma experta

La falta de acción del Gobierno y sus instituciones en la resolución de la problemática indígena incidió directamente en el asesinato a balazos del dirigente Sergio Rojas la noche del lunes en Salitre de Buenos Aires, Puntarenas.

Así lo asegura Xinia Zúñiga, antigua especialista del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) e investigadora en jefe del informe “El territorio de Salitre: derechos, memoria y violencia, 2010 – 2017”.

Durante tres años (2014-2017), Zúñiga encabezó una misión del CICDE que documentó la problemática territorial en la zona, la creciente ola de violencia entre finqueros e indígenas y la escasa o nula respuesta estatal al conflicto.  

“La inacción del Gobierno tiene gran responsabilidad (en la muerte de Rojas), pero no podemos hablar solo de esta administración, son muchas que han pasado sin hacer nada, a esta solo le toca recoger lo que por años se dejó de hacer.

“En nuestra investigación vimos diputados, ministros, viceministros y demás autoridades desfilar por Salitre sin que pasara nada, todos conocen del conflicto, todos saben lo que está pasando y no hicieron nada, entonces todos somos responsables en parte de este asesinato”, aseguró Zúñiga.

Salitre es para la investigadora el caso más grave de la disputa territorial entre la población indígena en todo el país.

Se trata de 11.700 hectáreas que para 2010 estaban repartidas entre la población nativa (60%) y finqueros no indígenas (40%), esto a pesar de que la Ley Indígena de 1977 estableció que dichos territorios son de potestad exclusiva de los pueblos autóctonos y que además el Estado era responsable de devolverle esas tierras a sus dueños originales.

Esa ley fue la primera en darles las armas legales a los indígenas para continuar su lucha, pero la falta de acción del aparato estatal (en su conjunto) derivó en un camino de violencia que estalló la madrugada del 10 de agosto de 2010.

Antecedentes

En el inicio de aquel martes un grupo de 30 indígenas encabezados por Sergio Rojas fueron sacados por la fuerza del Salón de Beneméritos de la Patria y arrojados a la calle luego de una protesta pacífica que sostenían.

Ellos exigían la discusión de un proyecto de ley que daría autonomía a los territorios indígenas y que llevaba más de una década dormido en la corriente legislativa sin que ninguna administración lo pusiera en su lista de prioridades.

“Ese desalojo violento marcó un antes y un después. En ese momento los indígenas decidieron que no tenían nada más que venir a hacer a San José y decidieron recuperar por su propia cuenta los terrenos que les fueron arrebatados, pero todo esto sin abandonar los procesos en la vía del derecho, que tienen años entrabados en la inoperancia de la ordenanza pública, que nos le ha dado ni justicia pronta ni cumplida”, añadió Zúñiga.

Desde entonces el conflicto se agravó, con episodios recurrentes de violencia entre finqueros e indígenas pero que derivaron en números alentadores para la causa de los nativos: en siete años (2017) los indígenas lograron recuperar -por la fuerza- 10% del territorio de Salitre, unas 1.200 hectáreas.

En ese proceso, de nuevo, la aplicación de la ley no existió, según el informe de la UNED.

“Sucedió de todo, desde finqueros que consiguieron papeles de identidad indígena para tratar de pelear las tierras hasta peones indígenas a los que se les pagaba por pelear en la vía legal las tierras de sus jefes.

“Hubo también jueces que por ignorancia resolvieron casos desde el punto de vista de la ley ordinaria, no la indígena, lo que derivó en fallos erróneos que motivaron todavía más la lucha de hecho de los pobladores”, asegura la investigadora.

Mientras todo eso pasaba, la figura de Sergio Rojas se volvió recurrente.

El dirigente, presidente hasta 2015 de la Asociación de Desarrollo Integral (único titular legal de las tierras), fue para bien o para mal el rostro más visible de la recuperación de tierras y la lucha indígena desde el enfoque del hecho y el derecho, sin que necesariamente participara de ambos.

“Siempre se dijo entre la comunidad y los finqueros que Sergio era el que impulsaba las recuperaciones pero no era así, estando en la cárcel (fue investigado en 2014 por el delito de administración fraudulenta) fue cuando se da un pico alto de recuperaciones y violencia, pero esa fue una causa de vida para él, y finalmente ahora también de muerte”, añadió Zúñiga.

Amenazas

En 2012, según recuerda la investigadora de la UNED, Sergio Rojas sobrevivió a un primer intento de asesinato a balazos.

La denuncia correspondiente no sirvió para encontrar culpables pero sí motivó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor de la población bribri.

“Esos protocolos se definieron y nunca se aplicaron, nunca hubo verdaderas medidas, entonces los indígenas no solo permanecieron desprotegidos, sino además desinformados y sin protección por parte de la policía ante hechos que presenciamos como la quema de ranchos, cultivos, amenazas e intimidaciones que se quedaron en denuncias.

“El Gobierno incluso fue incapaz de ejecutar desalojos que están debidamente probados desde hace 10 años, lo mismo pasó con esas medidas cautelares”, afirmó Zúñiga.

Según la investigadora, el propio Rojas había decidido aislarse en la vivienda donde fue encontrado muerto este lunes luego de recibir amenazas dirigidas a su familia.

“Él pidió estar solo para no exponer a los suyos, por eso no había nadie con él, porque sabía que las amenazas eran en serio y por eso se habían denunciado, pero las autoridades no hicieron nada”, dijo.

“Me parece algo doloroso y terrible pero tenemos que ver la muerte de Sergio en contexto, no es solo un mártir indígena como Berta Cáceres. A él lo matan de 15 balazos, con ese nivel de enseñamiento, esto es escalar al máximo nivel de la violencia y es la alerta máxima de que se va a agudizar aún más el conflicto.

“Esto pone en evidencia al más alto nivel la urgencia para que el Estado actúe y desentrabe una serie de nudos que son los que impiden las acciones que tienen que dar, porque como sociedad no podemos permitir ser parte de la globalización de la violencia que uno escucha en tantos países como Colombia, México o Guatemala y que ya está llegando también a nuestras puertas”, finalizó.

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