Magistrada Doris Arias, suspendida por desestimar caso del 'cementazo', se acogió a su pensión
Después de trabajar 33 años en el Poder judicial, Arias toma esta decisión tras los cuestionamientos que se le hicieron.
La magistrada Doris Arias, una de las que fue suspendida por la Corte, se acoge desde este lunes a su pensión.
Después de trabajar 33 años en el Poder judicial, Arias toma esta decisión tras los cuestionamientos que se le hicieron.
Ha sido magistrada penal y constitucional, jueza y fiscal del Ministerio Público.
Aseguró que se retira del cargo, pues sus detractores no merecen el beneficio de seguir amenazando su vida, persiguiéndola y señalándola.
Asegura que su familia ha sido humillada y que a ella se le ha puesto ante la opinión pública como alguien que no es.
La magistrada Arias afirma que su ética no se ha vendido ni se venderá a cambio de intereses particulares.
El caso
A mediados de julio, la Corte Plena suspendió sin goce de salarios a los letrados de la Sala III, entre ellos a la magistrada suspendida.
Diecinueve de 22 magistrados de la Corte Plena votaron a favor de la suspensión contra Carlos Chinchilla -quien pidió acogerse a la jubilación días atrás-, Arias, Jesús Ramírez y María Elena Gómez.
Y de ese total 15 dieron luz verde para que la suspensión sea extensiva durante dos meses.
Los magistrados -quienes acogieron una petición de la Asociación Nacional de Investigadores Criminales- echaron marcha atrás a la votación que la semana pasada avaló únicamente con amonestar a los cuatro magistrados por su manejo del caso del cemento chino.
Para los magistrados que votaron por la suspensión sus cuatro colegas cometieron una falta gravísima el año pasado cuando desestimaron una causa de presunto tráfico de influencias en el caso del cemento chino contra los entonces diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata.
El delito de tráfico de influencias se castiga con hasta 5 años de cárcel, pero Guevara y Morales quedaron exonerados de alguna responsabilidad tras la decisión de ese grupo de magistrados.
Ocho meses después, en octubre del 2017, el sindicato de investigadores en criminalística denunció a estos jueces por el aparente delito de prevaricato, que es dictar resoluciones o sentencias contrarias a la ley.
Tras el avance en el Poder Judicial desde hace 6 meses le tocó por rifa al magistrado Román Solís realizar el estudio de la denuncia en contra de los magistrados denunciados.
Solís concluyó que los jueces cometieron una falta gravísima al desestimar esta causa y que debían ser suspendidos 2 meses sin goce salario.
De hecho, la investigación contra Guevara y Morales se abrió desde mayo.
Como parte de las diligencias de investigación por el delito de tráfico de influencias contra dos magistradas de la Corte, la Fiscalía solicitará a la Sala Tercera la apertura del teléfono celular decomisado a un juez la semana anterior.
Se trata del juez del Tribunal Contencioso Administrativo Alcevit Godínez Prado, quien dejó sin efecto la suspensión de su cargo sin goce de salario por dos meses impuesta por la Corte Plena contra las magistradas Arias y Gómez.
Ambas acudieron a dicha instancia la semana pasada en horas de la madrugada y tres horas después el juez suspendió los castigos.
Tras esta acción la Fiscalía secuestró documentos y decomisó un celular al cuestionar la celeridad con la que se resolvió la medida cautelar de ambas letradas.