Vivienda: el gran pendiente a un año del huracán Otto

Este viernes Costa Rica cumple un año exacto del demoledor paso de Otto por el país, que dejó tras de sí pérdidas por más de ₡100.000 millones y la muerte de diez personas.

El nefasto aniversario llega en medio de una serie de contrastes: por un lado las comunidades más afectadas han logrado levantarse del barro y empezar a sanar las heridas de aquel fatídico 24 de noviembre; por otro, el Gobierno sigue sin poder dar solución definitiva a las necesidades de vivienda, las más sensibles tras el paso de la tormenta.

En primera instancia el Ministerio de Vivienda estimó en ₡5.523.500.000 los daños para todas las zonas afectadas; sin embargo, esa cifra excluyó a buena parte de las 169 familias que hoy se sabe perdieron sus casas o fueron obligadas a desalojarlas debido a encontrarse en zonas de riesgo.

La burocracia estatal y las diferentes barreras legales impedían por ejemplo entregar un bono de vivienda a aquellas familias que ya habían recibido uno o que superaban los ingresos máximos establecidos.  

Ambos peros fueron resueltos recientemente gracias a la voluntad política en pos de una reforma a la ley y al sistema de operación del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

Dichas reformas permitieron al Banhvi obviar el filtro de la pobreza extrema en el otorgamiento de bonos y valorar también la pobreza coyuntural, siempre y cuando se trate de casos donde hubo una afectación por desastre natural.

Además permitió la entrega de un segundo bono, uno de los grandes frenos del sistema anterior.

“Los segundos bonos son muy restrictivos, están destinados a casos de incendios o en problemas de durabilidad y siempre se otorgan bonos ordinarios (máximo de ₡7.5 millones), pero aquí estamos hablando de personas que no solo perdieron su casa, sino también su lote y ofrecerles ese monto sería absurdo”, aseguró el ministro de Vivienda Rosendo Pujol.

Así, el Gobierno avanza en la atención de 62 de los 169 casos, pero el propio Pujol reconoce que, aún con la gestión adelantada, el proceso es lento.

“La tramitología del sistema de vivienda es extremadamente lenta, nos encantaría decir que vamos a estar construyendo algunas de estas casas antes del cambio de administración (mayo próximo), pero sería irresponsable de mi parte asegurarlo”, añadió.

Esfuerzo privado

A la pesada burocracia estatal hay que también añadirle las barreras infranqueables que hoy tienen a 27 familias en jaque: casos donde el Ministerio de Vivienda ya reconoció que le es imposible actuar.

La mayoría de estos responden a familias de extranjeros indocumentados que lo perdieron todo en la emergencia y que, a falta de una cédula de residencia, no pueden recibir ninguna ayuda.

También está el caso de Rolando Pichardo, catalogado por las autoridades como el más extremo tras la emergencia.

Él era el esposo de Kattia Argüello y el padre de la pequeña Bianka de apenas año y ocho meses de edad, dos de las seis víctimas mortales que dejó Otto en Upala.

Pichardo no solo perdió a sus seres queridos hace un año, sino que a los ojos de la ley también su núcleo familiar, requisito infranqueable para la obtención de un bono.

Sin camino por la vía estatal fue la empresa privada la que llegó en su rescate.

Esos esfuerzos privados ya han entregado cuatro viviendas a los afectados y tienen en lista a 11 familias más, incluido el caso de Pichardo.

También la Municipalidad de Upala valora el uso de una partida específica dentro de su presupuesto para atender algunos de estos casos, pequeños rayos de luz para aquellos que lo perdieron todo.

Esperanza

En el barrio Los Ángeles en Bijagua de Upala los restos de algunas viviendas recuerdan a sus vecinos la fuerza de Otto.

Ahí perdieron la vida Argüello y su hija, así como Israel Zúñiga de 11 años y su madre María Isabel Picado de 38.

La vivienda de estos últimos ahora se consume entre la maleza, arrastrada varios metros del lugar donde originalmente estaba como un recuerdo de la fuerza con la que una avalancha de lodo, palos y piedras los sorprendió.

El esposo y otro hijo de Picado, quienes sobrevivieron a aquella noche de tragedia, abandonaron Upala para nunca volver.

“Él vino tal vez un par de veces más, ya después no lo volvimos a ver”, asegura David Rodríguez, otro de los sobrevivientes de Otto.

Él, su esposa Katherine González y su pequeño hijo Neithan lograron escapar de la muerte ese día en medio de los escombros de la casa de sus suegros. La de ellos desapareció también en cuestión de segundos.

Desde entonces aguardan por una respuesta del Gobierno, lo mismo que el resto de sus vecinos. El Instituto Mixto de Ayuda Social les facilitó un monto de un millón para menaje y algunos reciben también ₡100.000 mensuales para alquiler, pero reconocen que está lejos de ser suficiente.

Con los demás casos la situación es idéntica.

El ministro Rosendo Pujol aseguró que todos los casos están siendo evaluados y que para la mayoría se dispondrá de recursos por encima del bono de vivienda ordinario, pero afirma que tampoco pueden ir mucho más allá.

“El sistema tiene muchas puertas y creo que las familias necesitadas pueden averiguar bien las opciones que existen, pero el Gobierno tampoco puede caer en excesos más allá de su capacidad como ha ocurrido en otros casos.

“La gente tiene que tener claro que podemos restituir el nivel de vida exacto que tenían la familias antes del evento, no es la responsabilidad del Gobierno, a pesar de que quisiéramos”, finalizó Pujol.