Reportajes

Los orígenes del 'Cementazo'

El caso se dio a conocer gracias a informaciones de distintos medios de comunicación que usted puede repasar en este resumen

NOV 03 2017 Fabiola Domínguez Aguilar

Las detenciones del empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños y de Mario Barrenechea, gerente del BCR suspendido desde hace más de 3 meses, forman parte de un escándalo que comenzó a mediados de este año.

El caso se dio a conocer gracias a informaciones de distintos medios de comunicación que repasamos a continuación.

El actor principal. El personaje central por el cual este hecho gira en torno es un empresario costarricense de 38 años: Juan Carlos Bolaños.

Él alquilaba maquinaria pesada, pero detecta en el cemento chino una oportunidad de negocio que no había en el país, pues el mercado estaba dominado solamente por la venta de cemento de dos empresas: Holcim y Cemex.

Esto coincidió con el interés del gobierno: acabar con el duopolio.

El 21 de noviembre del 2014, Bolaños crea la empresa Sinocem, para importar cemento desde China; sin embargo, considera que hay trabas reglamentarias en Costa Rica para utilizar dicho producto, según narra la investigación de CRHoy.

De ahí que, entre febrero del 2015 y junio del año pasado, Bolaños tiene reuniones en Casa Presidencial en seis ocasiones y con distintas personas, en diferentes momentos:

-El exministro de la Presidencia, Melvin Jiménez

-El asesor jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal.

-El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora.

-El jerarca de la DIS, Mariano Figueres.

-El entonces ministro de Economía, Welmer Ramos.

-El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

Cambio al reglamento y CNE. El 9 de marzo del 2015 sucede uno de los cambios cuestionados durante el proceso: el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) publica un cambio en el reglamento en el cual permite importar cemento con más de 45 días de almacenamiento.

Entidades como el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) cuestionan la medida pues consideran que no tenía sustento técnico.

Otro actor dentro del caso es la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pues era cliente de la maquinaria que alquilaba Bolaños. El 10 de abril del 2015, la CNE rechaza usar cemento chino en el dique que se construía en Nosara.

Pero esta medida cambia en tan solo unos días: Bolaños tiene el visto bueno para utilizar el cemento en el proyecto de Guanacaste.

Según la investigación de CRHoy, este aval surge después de una reunión entre Bolaños, Melvin Jiménez, el presidente de la CNE, Iván Brenes, y el diputado oficialista en ese momento, Víctor Morales Zapata.

El cuestionamiento a Zapata. Este legislador es uno de los más cuestionados en el caso, dado que posteriormente estuvo al tanto de que la CNE le realizara los respectivos pagos al empresario del cemento chino.

También, porque se divulga una conversación vía Whatsapp con el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez y en el entonces director general de Aduanas, Benito Coghi. En este caso, el tema se debía a que el cemento de Bolaños estaba varado en el puerto, en junio del año pasado, pues no contaba con los permisos para que ingresara al país.

A través de una comparecencia ante la comisión legislativa que estudia el caso, Coghi reveló correos electrónicos en donde Rodríguez le manifestó:

                “El Big Chief está a la espera de que se aclare el tema”

Coghi asume que se refiere al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pero el viceministro negó cualquier injerencia y aseguró que el diputado Víctor Morales Zapata fue quien lo convocó a una reunión con el entonces Ministro de Economía, Welmer Ramos, para resolver el tema.

Además, afirmó que Morales Zapata hacía las solicitudes a nombre de Casa Presidencial, aunque, en ese momento, no confirmó su veracidad. Posteriormente, dice hacerlo y el Poder Ejecutivo lo niega.

El mismo presidente, Luis Guillermo Solís, debió comparecer ante los diputados por este caso. Admitió que hubo reuniones con Bolaños, pero negó tratos privilegiados o ventajosos hacia el empresario.

El BCR. Otro personaje vinculado con el “Cementazo” es el Banco de Costa Rica. En 2014, la entidad rechazó una solicitud de préstamo del empresario Bolaños por $18 millones. El banco lo negó al considerar que había falta de riesgos y de garantía.

Pero la medida cambia a favor de Bolaños en octubre del 2015: el BCR avala financiar la importación de 180 mil toneladas de cemento chino por un préstamo de $20 millones.

Posteriormente, aprueba otros $10 millones más, para sumar un total de $30 millones que Bolaños adeuda a la entidad.

Además, el banco acepta el cemento como garantía real del préstamo.

En posteriores comparecencias, los miembros del Comité de Crédito del BCR admitieron que, el entonces gerente general, Mario Barrenechea, y la entonces presidenta de la Junta Directiva, Paola Mora, presionaron para que los desembolsos se dieran ágilmente a Bolaños.

Barrenechea también fue cuestionado a raíz de que su hijo, Javier, preside la empresa HCG S.A., la cual se dedicaría al negocio del cemento, junto a Sinocem, la firma de Bolaños. Actualmente, hay una denuncia sobre este tema ante la Fiscalía General.

Paola Mora renuncia a su cargo luego de una entrevista con CRHoy, en la que acepta que tenía reuniones constantes con Bolaños.

Por su parte, la Junta Directiva del BCR suspendió a Mario Barrenechea mientras estudia el caso.

Semanas atrás, el presidente Luis Guillermo Solís exige la renuncia de toda la Junta Directiva del banco, esta se niega a hacerlo hasta que, finalmente, el gobierno establece nuevos integrantes.

Por otra parte, CRHoy reveló un audio en el que, la aparente voz de Bolaños tiene un supuesto plan para no pagar el crédito millonario del BCR, pues le propone al subgerente de dicha entidad, Guillermo Quesada, declararse culpable de violar el secreto bancario, pues eso le permitiría demandar al banco y no pagar el crédito.

Los 3 Poderes. Como podemos, apreciar el caso implica a dos de los tres Poderes de la República: el Legislativo y el Ejecutivo; pero una publicación, en setiembre pasado, de Semanario Universidad, hace que el Poder Judicial se involucre en el tema.

Anuncia que el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños, coincidieron, el año pasado, en una visita de 37 horas a Panamá. Salieron de Costa Rica en el mismo avión y regresaron en el mismo vuelo.

Gamboa aseguró que fue una coincidencia y que viajó para comprar ropa de bebé para su hijo recién nacido. Bolaños no quiso referirse al tema; no obstante, las versiones dan un giro cuando, días atrás, CRHoy da a conocer que los boletos aéreos se compraron con la misma tarjeta de crédito.

Es así como la Corte Plena suspende a Gamboa de sus labores; sin embargo, ante una comparecencia ante los diputados, él cambia su versión. Dice que viajó a Panamá a escondidas de su esposa para encontrarse con alguien más, que pagó el boleto aéreo en efectivo y que sí se tomó unos tragos con Bolaños.

En la misma audiencia, el diputado del PAC, Ottón Solís, revela que la expresidenta Laura Chinchilla pidió, durante su administración, un informe de Bolaños a raíz de unas presuntas amenazas a la entonces presidenta de la CNE, Vanessa Rosales.

Posteriormente, La Nación da a conocer que, entre las presiones hacia Rosales, estaban las del exdiputado liberacionista, Víctor Hugo Víquez, quien envió mensajes a la jerarca en busca de que le adjudicaran una obra a Bolaños.

Esto llega al punto de sacar a Víquez de la lista de candidatos a diputados, pues de nuevo aspiraba a ser legislador por Liberación Nacional.

Contradicciones. Las declaraciones de Celso Gamboa contradicen lo que manifestó el exembajador de Costa Rica en Panamá, Rodrigo Rivera, admitió que estuvo en el viaje con Gamboa y Bolaños y que participaron en reuniones en común.

El Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, también fue suspendido. Sucedió a raíz de que admitió desconocer un informe del OIJ que reveló 1083 llamadas telefónicas entre Bolaños y diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, así como con el exlegislador, Walter Céspedes.

Días atrás, el fiscal adjunto de la Fiscalía General, Ricky González, afirmó ante los legisladores, que Chavarría sí tuvo acceso al informe del OIJ, pues asegura que el mismo jerarca quién le remitió el documento.

Emilia Navas actualmente está al mando de la Fiscalía General de la República. Ya abrió una investigación contra Gamboa por cuatro posibles delitos:

-Cohecho,

-Tráfico de influencias

-Abuso de la autoridad

-Incumplimiento de deberes.

También suspendieron al letrado de Gamboa, Justo Pastor López. Ricky González tiene un proceso disciplinario en su contra; por su parte, la fiscal auxiliar, Susy Valverde, fue separada de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

El jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mariano Figueres, también comparece ante los diputados y señala al diputado Víctor Morales Zapata como el “embajador de Juan Carlos Bolaños”.

Agrega que a él le consta que ni el mandatario, Luis Guillermo Solís, ni el viceministro, Fernando Rodríguez, ni nadie en Casa Presidencial han intervenido en nada.

Otros partidos. Estos son varios de los personajes que se cuestionan con los supuestos vínculos con Juan Carlos Bolaños, pero también hay otras figuras de los partidos políticos a quienes se les ha puesto en duda su relación con el empresario. Tal es el caso de:

-El candidato presidencial y diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara.

-El presidente del Partido Unidad Social Cristiana y aspirante a diputado, Pedro Muñoz.

-Los diputados del PUSC, Johnny Leiva y Luis Vásquez.

-El legislador del PLN, Rolando González.

Este es un resumen de los últimos acontecimientos con respecto al “Cementazo”; sin embargo, lo que es evidente es que aún queda mucho por aclarar.

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