Por Ignacio Santos |12 de abril de 2016, 13:39 PM

Sobre este tema está claro que se pueden crear sociedades en el extranjero con fines lícitos. Nos inclinamos a pensar que son la mayoría. Hace unos días publicamos una amplia nota sobre el tema.

Sin embargo, el problema son las sociedades que se crean para evadir impuestos aprovechándose de paraísos fiscales y, también, aprovechándose de nuestra ley de impuesto sobre la renta con grandes vacíos en su regulación de fondo. Una legislación que abre portillos a quienes buscan disminuir el pago de sus obligaciones tributarias mediante la elusión, la evasión o el fraude.

En el proyecto de lucha contra el fraude fiscal que se analiza actualmente en nuestra asamblea legislativa, uno de los temas cruciales es el registro de los beneficiarios finales de sociedades.

Para combatir eficientemente la evasión y el blanqueo de cientos de  millones de dólares las autoridades tributarias deben contar con el registro de las personas físicas, de carne y hueso, deben conocer los  nombres y apellidos detrás de estas sociedades de papel.  

Esto es vital si de verdad queremos combatir la evasión, además es una práctica vigente en la mayoría de los países comprometidos con la transparencia y contra el blanqueo de capitales.

También, debemos resaltarlo, en relación con el impuesto sobre la renta es imprescindible, forzoso, establecer restricciones y severos controles a las deducciones de gastos originados por sociedades afincadas en paraísos fiscales.

La elusión fiscal, aprovechando vacíos de la ley y sofisticadas estructuras legales, y en el caso extremo,  la evasión y el fraude fiscal, deben ser combatidos con energía. 

Sin embargo, en la actualidad es una lucha de tigre suelto contra burro amarrado, porque nuestras autoridades tributarias, por mejores intenciones que tengan de cumplir sus obligaciones, la verdad es que no cuentan ni con el respaldo legal ni con los recursos para luchar contra poderosos grupos que han hecho de la elusión, la evasión y el fraude fiscal un negocio que se calcula en 2 mil billones de colones, un 8% de nuestro Producto Interno Bruto.

Los hechos recientes no dejan lugar a dudas. Los diputados deben contribuir decididamente a la lucha contra el fraude fiscal. La falta de acuerdos, la inacción legislativa en esta materia, provoca todo tipo de preguntas.

Señores diputados, dejen actuar a los funcionarios que quieren combatir a los filibusteros que están detrás  el multimillonario negocio del fraude fiscal en nuestro país.