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Los diputados de la República acordaron este jueves, en primer debate, exonerar parcialmente a las municipalidades y concejos municipales del cumplimiento de la regla fiscal como una forma de ayudarlos a paliar los efectos negativos de la emergencia provocada por el COVID-19.

Tras una extensa jornada de discusión, los legisladores presentaron y aprobaron una moción de texto sustitutivo para que los gobiernos locales se eximan del cumplimiento de ese crecimiento al gasto en los recursos que ellos mismos generen, mientras que las transferencias del Gobierno Central sí estarán sujetas a la aplicación de la ley.

Ese fue el cambio más sustancial en una iniciativa que ha sido ampliamente criticada por expertos y entidades como el Banco Central y la Contraloría General de la República, precisamente por la propuesta original de eximir totalmente a las municipalidades de cumplir con la directriz estipulada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Con esa variante los diputados acordaron por mayoría (44-41) avanzar en la aprobación del expediente legislativo, que también modificó otro de los puntos más criticados: la autorización a las municipalidades a realizar procesos de contratación administrativa sin pasar por el filtro del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), ideado para impulsar la transparencia en la función pública.

Ahora, la propuesta es que ese filtro se mantenga pero se exonere a los municipios más pobres del pago de los costos asociados al uso de SICOP.

“La regla fiscal es crítica en los esfuerzos por garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y con ello la estabilidad macroeconómica del país. Por ello, se requiere de la disciplina fiscal de todos los actores, incluidos los gobiernos locales, que administran fondos públicos.

“La propuesta de exceptuar permanentemente a las municipalidades a la aplicación de la regla fiscal es contraria a la lógica y a la estabilidad fiscal”, afirmó el Central este mismo jueves horas antes de la votación.

El Central también criticó la propuesta de exonerar a las municipalidades del traslado del 1% de su recaudación al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda y del 3% a la Junta Administrativa del Registro Nacional, pues aseguró que no se contempló en la redacción la afectación que esto tendría en las finanzas de ambas entidades.

Los diputados acordaron, entonces, que en el caso de Hacienda ese traslado sea de 0,5%, mientras que para el Registro sea un 1,5%.

Moratorias

Aparte de esos dos artículos, el proyecto propone moratorias de hasta tres trimestres en el pago de impuestos por patentes de actividades lucrativas a partir de la declaratoria de emergencia.

Esta moratoria será efectiva solo para contribuyentes que estén al día con sus obligaciones y que además demuestren una afectación real por motivo de la pandemia.

Con esas mismas condiciones se aprobaría una moratoria de tres trimestres por concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión, también a partir de la declaratoria de emergencia.

Lo mismo aplicaría también para los arrendadores de locales municipales, por ejemplo en los comercios ubicados en mercados.

Todos estas podrán ser ampliadas por un máximo de tres meses.

Para todas estas moratorias, las municipalidades y concejos municipales deben disponer de un plan, ofrecer arreglos de pago a los contribuyentes por plazos de hasta 24 meses.

Este mismo jueves los diputados aprobaron, por mayoría, enviar el texto a consulta ante el Ministerio de Hacienda, la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, las municipalidades del país y concejos municipales de distritos, la Junta Administradora del Registro Nacional, los bancos estatales y el Ministerio de Salud.

Una vez resueltas esas consultas, el proyecto se votaría en segundo debate.