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La recién aprobada ley de protección a los trabajadores afectados por la emergencia del COVID-19 mediante la fijación en el precio de los combustibles mantuvo en su redacción final un artículo que podría trasladar esos fondos al pago de la deuda pública.

Se trata de una posibilidad que ya había sido señalada durante la discusión del proyecto pero que, finalmente, se quedó tal cual en el texto final.

El artículo 4 de la ley establece que el subsidio creado a partir de esa fijación, tendrá vigencia por un plazo de tres meses prorrogables otros tres más como máximo. Esa fijación, además, se acabaría en caso de que el precio de los combustibles superara nuevamente el de referencia acordado por los diputados.

Sin embargo, añade también un destino a aquellos dineros que no fueran utilizados para la atención de los trabajadores afectados por la pandemia.

“Los recursos no asignados al finalizar el estado de emergencia, pasarán a la Caja Única del Estado y se utilizarán en el financiamiento del servicio de la deuda”.

“Es casi imposible que ese dinero no se utilice, es un escenario que no va a ocurrir, pero si pasara ese dinero quedaría a caja chica para la atención de otros subsidios o gastos que el Estado considere necesarios.

“Lo que queríamos con ese artículo es que el Gobierno tuviera esa flexibilidad para la atención de otras necesidades de importancia”, dijo la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.

-¿Por qué si querían flexibilidad el artículo es específico en que esos dineros que no se utilicen irían al pago de la deuda?

“Hay dos tareas importantes aquí, atender la emergencia y también pagar la deuda, lograr salir con toda la contingencia del COVID, pero también pagar deuda que es importante para seguir operando como lo veníamos haciendo”, añadió la oficialista.

El liberacionista Luis Fernando Chacón compartió la apreciación de Vega en el entendido que, dijo, es prácticamente imposible que sobre algo de los ₡27.000 millones que se espera recaudar con la fijación y que irían, además, a alimentar el plan Proteger.

“Partimos de que ante la emergencia no va a sobrar nada, tan es así que el Gobierno sigue gestionando proyectos e iniciativas para obtener recursos; sin embargo, se dejó esa ventana por si sobrara fuera a paliar la deuda que es una situación que también tenemos que enfrentar como país y como diputados”, dijo Chacón.

-Pero y si sobra, ¿no sería eso un impuesto?

“El dejar de percibir un beneficio como lo es una rebaja en los combustibles para atender una necesidad país pues es un imponible, la gente podría entonces verlo como un impuesto sí, pero la idea es que sea vea como una posición solidaria”, dijo el verdiblanco.

“Sea como sea es un impuesto, aunque lo quieran disfrazar como quieran. ¿En qué cambia la finalidad que se le den a esos recursos? Sobre o no, es dinero que se le está quitando a la gente para dárselo al Estado, eso para mí se llama un impuesto”, dijo tajante el independiente Erick Rodríguez, uno de dos legisladores que votaron en contra de la ley.