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El gobierno de Costa Rica ordenó este martes suspender a cinco directivos del BCR en medio de un pulso desatado por denuncias de tráfico de influencias en la concesión de créditos millonarios para la importación de cemento chino.

Los cinco directivos del Banco de Costa Rica (BCR) se negaron a renunciar a sus cargos la semana pasada por pedido del presidente Luis Guillermo Solís, tras un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) que apuntó graves problemas en el manejo de la institución, la segunda más grande del país.

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Se trata de Mónica Segnini (presidenta de la junta directiva), Alberto Raven, Evita Arguedas,  Francisco Molina y Paola Mora.

Precisamente los cuatro primeros enviaron este lunes una carta a Casa Presidencial titulada "Nuestras razones son de peso” para indicarle al mandatario que no renunciarían, al tiempo que justificaban su decisión. 

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Llama la atención que en la carta no aparecía la firma de la directora Paola Mora. 

Todo parece indicar que los otros directores decidieron apartarse de ella por haber recibido un préstamo de $10.000 por parte del gerente suspendido, Mario Barrenechea, quien así lo indicó a la comisión legislativa que investiga este caso.

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El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, dijo a periodistas que la suspensión es de carácter temporal mientras se abre un proceso para su destitución.

Otros dos miembros de la directiva del banco sí acataron el llamado a renunciar. Ellos son Rónald Solís y Gustavo Arias.

El BCR ha sido blanco de cuestionamientos los últimos meses por la concesión de dos líneas de crédito por 30 millones de dólares a la empresa local Sinocem para importar cemento chino, sin más garantía que el cemento que sería adquirido.

El caso cobró ribetes de escándalo en junio pasado con la filtración de un audio en el cual el empresario Juan Carlos Bolaños, propietario de Sinocem, proponía una maniobra legal con un alto funcionario del banco para evadir el pago de 20 millones de dólares del préstamo.

También desató denuncias de tráfico de influencias en el gobierno, que modificó un reglamento que restringía la importación de cemento al eliminar la exigencia de comercializarlo en un plazo máximo de 45 días desde su producción, lo que en la práctica impedía importar cemento chino.

El presidente Solís defendió la modificación del reglamento como una forma de aumentar la oferta de cemento en el país y eliminar el duopolio de las empresas Holcim y Cemex en el comercio del producto.

Un juez de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa, también está bajo investigación por posible favorecimiento al importador del cemento chino.