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Al menos 10 organizaciones de personas ciegas protestaron frente a la Asamblea Legislativa, este martes, para pedir a los diputados dar marcha atrás con un proyecto de ley que busca cerrar el Patronato Nacional de Ciegos (Panaci) y trasladar sus recursos y personal al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis).

Se trata del proyecto 22.315, Ley para fortalecer el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, presentado por la diputada oficialista Catalina Montero.

Erick Chacón, presidente de la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas, asegura que el trasladado de recursos afectaría la atención de las personas con discapacidad visual.

“En Costa Rica hay unas 300 mil personas con discapacidad visual y el Estado no tiene otra opción para atenderlos como lo hace el Panaci. Este proyecto plantea el traslado de sus recursos al Conapdis, pero en ningún lado dice qué pasará con las personas con discapacidad visual que son atendidas ahí”, cuestionó Chacón.

Sin embargo, en Conapdis rechazan estos señalamientos y aseguran que el proyecto de ley mejoraría la atención de las personas ciegas, ya que daría más recursos.

“El traslado de los recursos es una medida positiva en términos de cobertura y mayor asignación de recursos dirigidos a las necesidades de la población ciega del país, en vista de que el Conapdis cuenta con una mayor cantidad de recursos presupuestarios y humanos, así como una regionalización de sus servicios”, recalcó el director de la institución, Francisco Azofeifa.

Azofeifa dijo que la iniciativa también aporta en la reducción de duplicidades en el aparato estatal, ya que consideran que existe coincidencia entre los procesos que realizan las entidades que dirigen sus servicios a las personas con discapacidad.

"Se reduciría el aparato estatal, ya que ambas entidades tienen sus propias juntas directivas y en ambas concurren incluso semejantes representaciones", explicó el director ejecutivo de Conapdis.

Sobre este punto, 
Chacón dijo que el impacto en las finanzas sería mínimo, dado que el presupuesto de Panaci no supera los 170 millones de colones y, actualmente, solo opera con 10 funcionarios.

“El impacto real es en la población vulnerable, el Estado costarricense se desentendería de las personas con discapacidad visual y sus familias. Lejos de fortalecer, se desaparece, y a eso es a lo que nos oponemos", recalcó Chacón.