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Los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Salud, red de servicios del Instituto Nacional de Seguros (INS) y personal de salud del sector privado estarán obligados a vacunarse contra el COVID-19.

La decisión se tomó tras recibir la recomendación profesional de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología.

En los próximos días se publicará un decreto ejecutivo para oficializar la obligación de vacunarse contra el COVID-19. Una vez publicado, la vacunación será obligatoria para todos los funcionarios antes indicados.

¿Cuál es el sustento legal? 

Marco Durante, abogado laborista, explicó que en el artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación (Ley 8111) faculta a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología determinar cuándo una vacuna es obligatoria. Ante tal imposición, los trabajadores no podrían negarse a ser inmunizados, salvo que tengan una razón justificada o una condición acreditada para no hacerlo, todo esto sujeto a valoración de la Autoridad de Salud correspondiente, según lo dispone el artículo 150 de la Ley General de Salud.

¿Qué sucederá si un trabajador injustificadamente se niega a ser vacunado contra el COVID-19?

"Si se trata de un funcionario público, será necesario que la institución inicie la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario que respete el debido proceso, para determinar la gravedad de la falta y, a partir de esta, imponer una sanción que podría llegar al despido sin responsabilidad patronal", indicó Durante.

En estos casos es importante recordar que el artículo 4 del Código de Ética de los Médicos expresamente indica: “el médico que desempeña un cargo en la Administración Pública, o en cualquier institución, debe actuar siempre bajo los principios de respetar la ética profesional y cumplir con lo establecido en la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos y sus Reglamentos”.

Adicionalmente, el artículo 8 del Reglamento de la Ley Nacional de Vacunación y Epidemiología, establece que cualquier incumplimiento  se considerará una contravención a la salud, que se sancionará con una multa de un salario base (que actualmente está fijado en ₡462.200) de conformidad con el artículo 378 y 378 bis de la Ley General de Salud.

"En el caso de la empresa privada, el patrono de igual forma podrá sancionar la negativa injustificada del trabajador de la lista indicada a no vacunarse y la sanción podría incluso llegar al despido sin responsabilidad patronal por aplicación del artículo 81 incisos h) y L) del Código de Trabajo. Para tales efectos, se recomienda previamente, seguir las reglas básicas del debido proceso previo a la imposición de la sanción disciplinaria", finalizó el abogado laborista.

​Al ministro Salas se le consultó también sobre qué medidas tomaría un patrón si el trabajador se niega a recibir la vacuna.

"En cada institución será el patrono el obligado en establecer los procedimientos respectivos y disciplinarios. Esto puede ir, dependiendo de las características de la negativa, desde una sanción hasta una suspensión, amonestación o incluso puede ser el despido", respondió.