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Este tipo de eventos se han vuelto un dolor de cabeza para las autoridades en medio de la pandemia por el COVID-19.

En promedio cada fin de semana, la Fuerza Pública recibe entre 2000 y 3000 denuncias por fiestas y reuniones tanto en viviendas y sitios privados como en vía pública.

Los hechos se presentan en todo el territorio nacional, pero San José y Alajuela son las provincias con mayores incidentes.

Atender este tipo de fiestas demanda una gran cantidad de recurso policial.

Según establece la ley general de Salud,

Las personas que organicen este tipo de fiestas o reuniones se exponen a una sanción de hasta un salario base, es decir, 450 mil 200 colones.

Además, se emite una orden sanitaria contra el propietario de la vivienda por violar las disposiciones del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud informó días atrás el contagio de 17 personas que participaron en una fiesta en Alajuelita, y en Pavas otras 11 personas dieron positivo por COVID-19 tras asistir a un té de canastilla.