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Esto se daba después de que el director del Organismo de Investigación Judicial confirmara los antecedentes del sujeto.

Justicia reaccionó y señaló que el sospechoso quedó en libertad por orden de un juez de ejecución de sentencia y no porque adaptación social le diera algún beneficio.

Ese ministerio afirmó que en 2014 el Instituto Nacional de Criminología recomendó mantenerlo en prisión.

Ante esas afirmaciones el Poder Judicial no se quedó de brazos cruzados y por medio de un comunicado de prensa indicó que  la resolución dictada en Liberia se apegó a las normas del código penal que regulan este procedimiento.

La Corte confirma que en 2014 el Instituto Nacional de Criminología no recomendaba la libertad del sujeto pero un año después esto cambio.

El  sentenciado luego de cumplir la mitad de la pena tuvo una nueva audiencia en diciembre del 2015 donde se le otorgó la  libertad condicional sin oposición ni apelación de ninguna de las partes.

Previo a esta decisión se pidió al centro penal donde estaba el sospechoso la actualización de los estudios técnicos y dicho centro afirmó que el entonces sentenciado reunía las condiciones para ser re-ubicado y que mantenía buenas relaciones interpersonales con los demás privados de libertad y el personal del centro.

Ese criterio justicia afirma que le fue notificado pese a que años atrás al sujeto se le revocó el beneficio de estar en una finca de adaptación social realizando trabajos agrícolas debido a problemas de convivencia.

Es evidente que ni uno ni otro quieren asumir la responsabilidad de lo ocurrido y por ahora ni justicia ni la corte anuncian eventuales investigaciones para aclarar lo sucedido.

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