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Gobierno planea quitarle más de 300 días al trámite para crear una empresa

Para instalar un proyecto de inversión en servicios en el país se necesitan actualmente 406 días, pero el propósito del Gobierno es reducirlo a solo 45 iniciando en el 2022

Julio Naranjo 27/2/2019 11:22

No es un secreto que en Costa Rica los trámites para el registro y funcionamiento de las empresas son un importante obstáculo para el desarrollo de los negocios y afectan negativamente el entorno en el cual tienen que desempeñarse los empresarios.​

Es por este motivo que el Gobierno se plantea para el año 2022 una reducción significativa en el proceso de trámites para la instalación de una nueva empresa, según anunció la ministra de Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández.

Para instalar un proyecto de inversión en servicios en el país se necesitan actualmente 406 días, pero el propósito del Gobierno es reducirlo a solo 45, mientras que, en el caso de una empresa manufacturera, la idea es restarle 319 días a la tramitología.

“Debemos no solo cortar requisitos sino también levantar ciertos procesos. Vamos a mejorar los tiempos, bajar los plazos en una medida razonable y ofrecer un proceso fluido”, comentó la ministra Hernández durante una actividad organizada en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Diputados, ministros y expertos en la simplificación de trámites de todas las instituciones de Gobierno se dieron cita en el acto “Hacia un nuevo estilo de gestión” para conocer las buenas prácticas que realizan otros países en esta materia.

La semana anterior entró en funcionamiento el nuevo sistema digital APC-Requisitos (APC-R), el cual permitirá bajar de cuatro meses a 15 días los procesos de requisitos previos en construcción, algo que agilizará significativamente los procedimientos.

Por otra parte, el especialista en modernización del Estado y el BID, Benjamín Roseth, expuso su libro “El fin del trámite eterno”, el cuál reúne experiencias y conocimientos al respecto en cuatro países: Chile, Uruguay, Estonia y México.

El autor evidencia que en América Latina existe un nivel de corrupción en la tramitología y que en algunos casos es necesario el soborno para agilizar el proceso, lo que representa a la vez un alto costo tanto para el Gobierno y las personas de bajos recursos.

Roseth brindó algunas recomendaciones para mejorar los procesos actuales como: eliminar trámites innecesarios, conocer la experiencia ciudadana y facilitar el acceso a trámites digitales, pues existen brechas de conectividad y bancarización.