Delitos contra la niñez superarían en 2020 la cifra de los últimos cinco años

De enero a setiembre 2020, los delitos contra los menores de edad casi alcanzaron la cifra de los últimos cinco años juntos, según datos de la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes.​

Del 2015 al 2019 la cifra de delitos sumó 7.631, mientras que en los primeros nueves meses de 2020 llega a 7.060, sin contar aún el último trimestre.

Los principales son delitos sexuales, delitos de trámite ordinario (agresiones, sustracciones, lesiones), homicidio calificado, simple, culposo, tentativa de homicidio, entre otros.  

​Para Debby Garay Boza, fiscala coordinadora, los delitos contra la niñez costarricense cada vez son más, muchos no se conocen y ni se denuncian.

“Pese a la evidencia científica que señala las graves consecuencias del castigo físico en el desarrollo de los niños y las niñas, este se sigue presentando en la crianza de muchas personas menores de edad”, indicó Garay.  

Además, considera que “es importante generar la conciencia de que la agresión física puede derivar en patrones de violencia muy severos, que se transforman en ciclos constantes”.

En el año 2015 se contabilizaron 974 delitos, en el 2016 fueron 1.349, 2017 alcanzó la cifra de 1.673, durante el 2018 se sumaron 1.782 y el 2019 llegó a 1.853.

“La solución para evitar las agresiones gira en torno a la educación de las personas adultas, a renunciar a esas formas de crianza aprendidas y, en cambio, generar mecanismos de prevención que nos involucren como personas ciudadanas responsables, que, al mismo tiempo, cuenten con medios adecuados para la denuncia”, afirmó Garay. 

​Garay recalcó que parte del trabajo que realiza la Fiscalía se enfoca en acercarse a instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Seguridad Pública, entre otras, para generar en las personas funcionarias la conciencia de que denunciar cualquier hecho de violencia infantil es una obligación.  

Con esto se busca propiciar un abordaje integral de los fenómenos delictivos que involucran a personas menores de edad como víctimas.