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El Estado se enfrenta al pago de una millonaria indemnización por prohibirle el ingreso al país a una adulta mayor española que arribó a Costa Rica el sábado anterior.

La mujer llegó el sábado junto a su hijo para vacacionar en el país; sin embargo, ninguno de los dos portaba el resultado de la prueba PCR de COVID-19, requisito indispensable para poder ingresar.

En su lugar, ambos presentaron pruebas serológicas negativas que no fueron admitidas por las autoridades.

Si bien cumplían con los demás requisitos, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría procedieron a aplicar el reglamento sanitario y devolver a su país de origen a ambos turistas.

El hijo de la adulta se quejó en redes sociales de la situación y amenazó al presidente Carlos Alvarado y al Gobierno que no querían ese tipo de publicidad negativa y que haría la denuncia en una cadena televisiva internacional.

Pese a esto, ambos fueron obligados a emprender de nuevo el viaje de más de 10 horas rumbo al Viejo Continente.

Esta situación, que cobró relevancia mediática el fin de semana, propició que el abogado Francis Porras interpusiera un recurso de amparo a favor de los ciudadanos europeos.

“No logré presentarlo el mismo sábado, así que lo hice el domingo como a las 6:30 p. m. porque necesitaba información de ambos. Ese mismo día como a las 8 p. m. la Sala Constitucional me comunicó que necesitaban los atestados de la adulta mayor, fue muy rápida la respuesta por tratarse de una persona vulnerable, pero cuando se respondió ya ambos turistas iban de camino a España”, explicó el abogado.

Porras aseguró que, al estar fuera del país, la condición de urgencia ya no está presente, pero que eso no impide que la diligencia se mantenga, aunque ahora es incierto cuándo podría ser analizada por el fondo.

“Ya los eventuales actos que violan la ley se cometieron, entonces ahora es un proceso de determinar esto y evaluar los posibles daños y perjuicios causados. Cuánto tiempo tarde en llegar esa resolución dependerá de los magistrados.

“Lo cierto es que, para mí, aquí se cometió una falta grave a los derechos fundamentales de una persona adulta mayor que fue obligada a sus 80 años a emprender nuevamente un viaje de más de 10 horas, cuando era tan sencillo como practicarle una prueba acá en el país, ellos tenían seguro médico para cubrir eso”, dijo.

Porras explicó que, hasta donde sabe, los turistas estarán regresando al país el próximo sábado y que tienen un abogado en el país para seguir el caso.

“Ellos podrán ahora, si lo desean, continuar con el proceso y solicitar una indemnización por daños morales y materiales, esa cifra será la que ellos estimen y logren demostrar, pero no sería extraño que fuera millonaria”, finalizó el jurista.