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Este martes la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, anunció que los privados de libertad con factores de riesgo ante el COVID-19 podrían salir de la cárcel por tres meses a través del régimen semi-institucional, esto tras una serie de órdenes giradas por jueces de Ejecución de la Pena al Instituto Nacional de Criminología (INC).

Teletica.com conversó sobre el tema con el criminólogo Gerardo Castaing, el exministro de Justicia Marco Feoli; la defensora pública Marta Iris Muñoz, y también consultó a Álvaro Ramos, experto en seguridad: todos coinciden en que el liberar reos sin ningún criterio técnico y objetivo sería un grave error.

Para Ramos, liberar privados de libertad sin ningún criterio técnico y lanzar los delincuentes sin alguna medida es un error grave que estaría sometiendo a los costarricenses a un nivel de delincuencia grave que causaría un deterioro social y político.

“Es algo tonto someter a la población a la pérdida de libertad por la pandemia y por otro lado liberar criminales, es absolutamente un desastre. Estoy en contra de esto porque destruirá toda la seguridad ciudadana del país", dijo Ramos.

Además, cree que este es el momento menos oportuno para liberar presos porque se está usando la policía a un nivel que nunca se había hecho y muchos están en las fronteras.

“Si soltamos a los delincuentes, con qué policía los vamos a enfrentar si la policía entera está siendo llevada al límite de su movilización, hoy tenemos menos policías en algunos lugares porque están en la frontera incluyendo al OIJ que no está hecha para eso. Soltar criminales profesionales con sentencia es algo que podríamos pagar por décadas”, agregó.

El exministro de Justicia, Marco Feoli, considera que luego de que los organismos internacionales de derechos humanos emitieran un comunicado donde recomiendan a los países hacer egresos masivos en las cárceles porque son un reservorio del virus y de propagación, Justicia debería de velar por no solo proteger a esta comunidad sino más bien a todos los que estamos fuera.

“Tener mucha gente hacinada en estas condiciones es un factor de riesgo muy grande. No es solamente que los presos se puedan enfermar, nuestras cárceles son centros de alto riesgo de contagio porque hay algunas donde la gente sigue durmiendo una encima de la otra, esos presos son los que pueden contagiar a policías y a funcionarios que sí están en contacto con gente de afuera”, señala Feoli.

Para él, se debe de priorizar a las personas que tienen mayores riesgos como adultos mayores, hipertensos, asmáticos, mujeres embarazadas y a muchos otros, siempre y cuando, haya una elección correcta por parte de las autoridades y no comprometer la seguridad nacional.  

Por su parte, la defensora pública Marta Iris Muñoz piensa que sí es factible la liberación porque el perfil de la gente que va a salir tiene que ser por delitos que no hayan sido cometidos con violencia contra las personas como robo agravados, homicidios, violaciones, etc. Y el ministerio tiene que revisar muy bien cuál fue el marco de los hechos que se acusaron para liberar presos.

“Justicia debería de crear una comisión integrada además por Defensa Pública, Fiscalía y Criminología para que cada caso sea muy bien analizado porque los procesos de toma de decisiones tienen que ser transparentes y fundamentados”, dijo Muñoz.

Además, afirma que “el Ministerio de Justicia no puede trabajar solo ni de manera individual porque no tiene los funcionarios necesarios para valorar el tema. Tiene que darnos más seguridad a nosotros los costarricenses porque cada vez que hace una liberación mete las patas”.

El criminólogo, Gerardo Casting, concuerda en que dependiendo de lo estricto de los estudios de las personas que se van a liberar, la situación podría funcionar.

“Si estas personas son de riesgo pueden cometer otra vez algún delito. Con los estudios adecuados y objetivos es una solución ante una situación grave que estamos atravesando, pero si se hace a nivel de poder podría suceder alguna situación irregular desde el punto de vista socio criminal”, afirma.