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El análisis y aprobación de estos cuatro casos de privados de libertad se hizo como de la orden que dio el Juzgado de Ejecución de la Pena, de establecer el régimen semi-institucional a los reos que presenten factores de riesgo por COVID-19.

Semanas atrás se enviaron 31 casos seleccionados por los centros penales del país para que el Instituto Nacional de Criminología los analizará.

Esto permitirá que los cuatro privados de libertad con riesgos permanezcan en sus hogares por tres meses.

Eso sí deben cumplir con las siguientes medidas:

Deben cumplir con un plan de atención técnica que incluye atender establecidas en el centro penal como trabajo social, actividades laborales y educativas.

Además, deberán firma una vez por semana.

Someterse a evaluaciones que actualmente tienen en los centros penales entre otros.

Si alguno incumple con las restricciones o comete una falta será trasladado de inmediato de nuevo al centro penitenciario donde estaba.

Para aprobar el cambio de régimen se toma en cuenta no solo el criterio médico y del personal técnico de los centros penitenciarios, sino, además, una serie de valoraciones técnicas en las áreas jurídica, psicología, trabajo social, orientación, educación, procesos interdisciplinarios, así como factores aportados por la propia policía penitenciaria, que buscan determinar que la persona no represente un peligro para sí misma ni para la sociedad.