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147 días después del primer contagio de COVID-19 en territorio costarricense, las camas de los hospitales empiezan a llenarse aceleradamente. 

Según el último reporte, hay 352 pacientes hospitalizados por la enfermedad, 80 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): las cifras más altas hasta ahora. 

Precisamente, la saturación en los servicios de salud sería el criterio principal para declarar una alerta roja en Costa Rica. 

"En términos de los indicadores, cuando estamos en alerta naranja y el país pierde la capacidad de atender a las personas en los hospitales, tanto en salones como en UCI, es cuando se llegaría a establecer el nivel de alerta roja", aseguró Alexánder Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). 

"Es muy posible que el nivel de alerta roja tengamos que trabajarlo a nivel nacional porque estamos hablando de la capacidad de la red hospitalaria nacional. Es un escenario crítico en el que yo quiero insistir mucho, sobre todo porque venimos a una fase de apertura", agregó el jerarca.

¿Qué implicaría una alerta roja? 

Medidas "prácticamente muy extremas", aseguró Solís. Los cierres y restricciones serían más estrictos que los aplicados en condición naranja, porque las autoridades buscarían, en ese escenario, ponerle un freno al nuevo coronavirus. 

"Tendríamos que limitar completamente el contagio porque ya no tendríamos capacidad de que las personas sean atendidas", señaló el presidente de la CNE.

"Ese es el escenario al que no queremos llegar, es por eso que hemos estado trabajando fuertemente todos estos meses con grandes sacrificios en todas las áreas y, particularmente, en las áreas económicas y comerciales; pero también en todo el componente social", dijo en medio de protestas de sectores por el derecho a trabajar.

Solís pidió a los costarricenses extremar las medidas para evitar un contagio de COVID-19: lavado de manos, uso de mascarilla o careta, protocolos de estornudo y tos, así como el respeto al distanciamiento y las burbujas sociales. 

Este sábado 1° de agosto inicia una nueva fase en el plan del Gobierno, la cual alternará aperturas y cierres como forma de encontrar un balance entre salud y economía.