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La Contraloría General de la República volvió a advertir al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) por la falta de un plan estratégico para manejar el vencimiento del contrato con la española Riteve sobre la revisión técnica vehicular en el país.

El informe de auditoría, elaborado el pasado 13 de octubre, pero divulgado este lunes, señala que el Gobierno aún no cuenta con un procedimiento para regular, de manera cíclica, los procesos relacionados con el cierre contractual previsto para el próximo 15 de julio, así como la definición y revisión del nuevo modelo de prestación del servicio de inspección técnica vehicular y su transición de nuevos prestatarios, si fuera el caso.

“Tampoco hay un programa de trabajo que defina una estrategia oficial e integral, que incorpore elementos básicos de planificación como objetivos, metas, indicadores, cronograma actualizado de todas las acciones, incluyendo las fechas de inicio de la transición a los nuevos prestatarios del servicio, así como aquellas coordinaciones necesarias de cara al cierre contractual, la recopilación de datos u otros que la Administración considere incorporar, para su monitoreo y control”, añade el informe.

La Contraloría también advierte que la Administración no cuenta con una valoración de los riesgos según las acciones a ejecutar y, por lo tanto, tampoco con una estrategia para minimizar sus efectos en caso de materializarse.

“Lo anterior, considerando particularmente, que a la fecha quedan pendientes actividades básicas como la definición formal del nuevo modelo de prestación del servicio, así como la obtención de información necesaria para el establecimiento de variables como el modelo tarifario que se utilizará para fijar la tarifa de la inspección técnica vehicular”, añade.

Entre otras, el ente contralor dio al director ejecutivo del Cosevi, Edwin Herrera, un mes para emitir una certificación en la que haga constar la elaboración del programa de trabajo, así como su remisión para aprobación de la Junta Directiva.

Un mes después de esa emisión, deberá certificar que el programa ya es oficial y dos meses más tarde hacer constar el avance de las actividades según lo programado.

“A partir de este informe emitir certificaciones cada dos meses sobre el avance de las actividades hasta el cierre contractual”, finaliza el informe.

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