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Autobuseros y taxistas se irían a un paro nacional y realizarían bloqueos en el Área Metropolitana para presionar al Gobierno por soluciones para su sector. 

Así lo aseguró a Teletica.com Orlando Ramirez, dueño de la empresa de Buses COESA y uno de los representantes del movimiento.

Los empresarios del transporte público exigen al Poder Ejecutivo, desde hace algunos meses, aplicar al menos ocho medidas que les permitan levantar cabeza en medio de la crisis económica provocada por el COVID-19.

Según este sector, representado tanto por autobuseros como por la Comisión Nacional de Organizaciones de Taxistas, el Gobierno les dio la espalda al retirar el apoyo para la creación de un borrador de política pública que les ayude a seguir operando.

Ramírez explicó que la situación sanitaria ha implicado que muchas empresas vieran reducidos sus ingresos hasta en  un 50% , aunque aseguró que en zonas rurales este porcentaje llega casi al 100%.

“Por ser un servicio público, no se puede interrumpir. Nos han obligado a operar normalmente, inclusive en rutas urbanas sin gente de pie. Los costos se incrementan y seguimos sin recibir ningún tipo de ayuda”, afirmó el vocero.

Cuando se sentaron a a hablar con el Ejecutivo, Ramírez indicó que el sector quería encontrar una solución que no implicara dañar al usuario final, ya que si se solicitaba una revisión tarifaria, el incremento sería de cerca de un 150% en las tarifas.

De ahí salió la idea de que se les exonerara del Impuesto Único a los Combustibles, específicamente en el diésel. Sin embargo, la respuesta fue negativa debido a que la agenda del préstamo con el Fondo Monetario Internacional no permite disminuir ingresos al Estado.

Las peticiones externadas a la administración de Carlos Alvarado, hace aproximadamente dos meses, fueron crear un decreto de declaratoria de calamidad para el sector, aprobar una tarifa de salvamento de un 15% junto con exenciones de impuestos temporales durante la pandemia, reglamentar una exoneración de tributos y ampliar prórrogas con tasas preferenciales en los créditos hasta el 2023.

Además, han pedido que el sistema Banca para el Desarrollo compre los saldos de los concesionarios y permisionarios a 15 años plazo, con un periodo de 24 meses de gracia.

A lo anterior se suma el llamado para regular las plataformas tecnológicas que operan y permitir que los pasajeros puedan viajar de pie, tal y como se permite en el servicio de tren.

Ramírez considera que la situación económica para el sector de transporte público es tan grave que muchos temen no tener recursos para sostener las concesiones y que hay empresarios pequeños que están perdiendo sus bienes por no tener como sostenerse.

Si bien se trata de ocho medidas, el representante asegura que con dos o tres podrían percibir que existe una voluntad de parte del Gobierno.

Este martes, en horas de la tarde, más de 100 empresarios autobuseros y taxistas anunciarán oficialmente las medidas de presión. 

Reacción del CTP

Manuel Vega, director ejecutivo del Consejo de Transporte Público (CTP), afirmó que conocen las preocupaciones de cientos de empresarios que se han visto afectados por la pandemia, debido a las restricciones. 

De acuerdo con Vega, el CTP está recibiendo una propuesta de la Dirección Ejecutiva para plantear una política institucional que, a su vez, sea trasladada a otras instancias que tienen competencias concurrentes, para que de forma coordinada se redoblen esfuerzos.

El jerarca afirmó que el Consejo ha venido apoyado al sector para evitar una caída mayor en el servicio de transporte público. 

"Confiamos en que los transportistas son responsables y van a actuar con criterio de calma para que el proceso, que vamos a sacar entre todos, lo hagamos de manera conjunta", puntualizó Vega.