Perú rechaza archivar proceso por esterilizaciones forzadas

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú rechazó un recurso presentado por el exministro Marino Costa que podría haber impedido el inicio de la investigación judicial por las esterilizaciones forzadas denunciadas por más de 1.300 mujeres en el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), según trascendió este martes.

"Se ha impedido que se archive el caso más antiguo porque además hay dos casos más" sobre las esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas y campesinas durante la administración de Fujimori, declaró a la prensa internacional la abogada María Ysabel Cedano de la organización feminista Demus.

"Aunque usted no lo crea, lo que va a empezar es recién una investigación judicial que determine la responsabilidad penal" de los denunciados, entre los cuales está Fujimori y Costa que fue ministro de Salud durante su Gobierno, indicó Cedano.

El Tribunal Constitucional votó a favor de declarar infundado el recurso de agravio constitucional presentado por Costa contra el Ministerio Público (Fiscalía) porque no tiene ninguna sentencia previa sobre el caso de esterilizaciones forzadas, tal como afirmaba el exministro. 

Costa acudió al TC después de que el Poder Judicial rechazó otro recurso suyo en el que sostenía que no se le podía investigar dos veces por lo mismo y que se había violado el plazo razonable para ser investigado.

De las más de 200.000 esterilizaciones forzadas reconocidas por el Ministerio de Salud, al menos 180.000 se realizaron cuando Costa era titular de esa cartera de Estado, indicó la abogada. El exministro tiene una denuncia en el Poder Judicial como coautor de delitos, "que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos, en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva" del Gobierno de Fujimori, afirmó Cedano.

"Queremos que el juez investigue y determine exactamente cuál es la responsabilidad penal como coautores, pero (además) cuál es el rol que tenía cada uno, que la sanción sea la máxima que hay para los delitos de lesiones graves, seguida de muerte, y lesiones graves", indicó Cedano.

La abogada representa a la familia de Mamérita Mestanza, una de las víctimas de esterilizaciones que murió a consecuencia de las complicaciones de su cirugía y cuyo caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.