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La presidenta de la República, Laura Chinchilla, respondió este martes en Concejo de Gobierno, cinco consultas por parte de la prensa con respecto a la decisión de finiquitar el contrato con la empresa OAS, de la carretera San José- San Ramón.

Chinchilla indicó que el pasado viernes ella convocó a una reunión junto con representantes de la compañía brasileña, para tratar “la realidad del contrato y analizar los escenarios a los cuales estaban dispuestos”.

Sin embargo, fue hasta el fin de semana cuando se tomó la decisión de echar marcha atrás la concesión.

“Buscamos la alternativa legal menos gravosa, tanto en tiempo perdido por el carácter de urgencia de esta carretera y también para buscar una salida que garantizaba que la indemnización al Estado no fuera la más alta”, comentó la mandataria.

La decisión se da por mutuo acuerdo entre el Gobierno y la empresa OAS, donde pesaron criterios de interés público por una coyuntura social.

Ante todo, instituciones como la Contraloría General de la República en materia de contratación administrativa, todavía le deben toda la
confianza, mientras que destaca que aspectos técnicos como los que maneja la ARESEP no ha profundizado.

El gobierno deberá pagar a la constructora brasileña todos los gastos en los que ha incurrido hasta el momento, pero se descarta una demanda legal.