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Un allanamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a Concesiones, dos recursos de amparo, una acción de inconstitucionalidad, dos apelaciones a la Contraloría, además del repudio de la población, no provocan ninguna reacción en la presidenta Laura Chinchilla.

La carretera a San Ramón nació muerta, dicen sus opositores. Ahora le toca a la presidente Laura Chinchilla simplemente enterrarla.

No solo se trata de la opinión contraria unánime de la opinión pública, sino además de múltiples acciones legales.

Este lunes el OIJ allanó las oficinas del Consejo Nacional de Concesiones por una denuncia de este abogado, por considerar que había un tráfico de influencias y una falta de deberes de los funcionarios.

“Yo he venido señalando tanto en un recurso de amparo que presenté y en la denuncia penal, que la compañía brasileña OAS no ha participado en licitación alguna, sino que participó en la compra de una concesión”, comentó el abogado Alberto Rodríguez.

Pero este mismo empresario presentó otro recurso de amparo en el que afirma que la concesión es inconstitucional, pues de acuerdo con la carta magna, en su artículo 182:

"Los contratos para ejecución de obras públicas que celebren los poderes del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras y las ventas o arrendamientos… se harán mediante licitación".

La empresa OAS por el contrario no participó en ninguna licitación. Simplemente compró el contrato a la compañía Autopistas del Valle.

¿Qué se puede hacer?

“Simplemente lo que tiene que hacer es revocar el acto y sacar al país de esta conmoción en la que estamos metidos”, añadió Rodríguez.

Se basa en que esa venta es nula y que según la ley, "el acto absolutamente nulo no se podrá arreglar ni por saneamiento, ni por convalidación"

La misma ley dice que: "cuando la nulidad absoluta… fuere evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso…"

Pero este no es el único. El diputado Luis Fishman ha presentado dos recursos. Uno es de inconstitucionalidad.

“Durante ocho años la obra estuvo suspendida, así que no era una cuestión de vida o muerte que había que escoger una empresa, había tiempo para analizar otras opciones”, comentó Fishman.

El otro es una apelación ante la Contraloría, que en opinión del diputado ha actuado irresponsablemente y que debería ser llamada a cuentas por la Asamblea Legislativa.

Hay un tercer recurso de otra diputada, y los opositores a la concesión anuncian otras acciones más.