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En 1973, cuando el gobierno de Costa Rica se dispuso a construir el nuevo puerto de Caldera, el entonces ministro de Obras Públicas, Rodolfo Silva, nombró una comisión que estudiara la construcción de una posible carretera a ese puerto, que ahorrara 30 kilómetros de viaje.

Entonces los técnicos recomendaros seis rutas. Cuatro de ellas iban por la margen sur de río Grande. Otras dos, iban por la margen norte.

Silva se inclinaba por alguna de las del lado sur por varios motivos: uno es que los terrenos a expropiar eran mucho más baratos.

Pero vino un nuevo gobierno, y entonces se decidió hacer la carretera por el lado norte, es decir, por donde ahora va la ruta 27, con sus curvas peligrosas, sus larguísimos puentes y sus taludes inestables.

Pero es más, cuando a cuatro años de inaugurada y sin haber sido recibida como definitiva, ya esta ruta es obsoleta por muchos motivos, uno de ellos es que muestra signos de saturación.

La empresa IMNSA, supervisó por un buen tiempo la obra, hasta que el gobierno, de manera ilegal, le cortó el contrato. Ellos estuvieron en la obra prácticamente desde el principio.

Carlos Méndez, director de esa firma, coincide en que ya antes de iniciar las obras estaba claro de que ella iba a ser insuficiente.

Víctor Hugo Víquez fue uno de los diputados gobiernistas de la comisión que tiempo después estudió este caso de la carretera a Caldera.

Hoy hay una cosa clara: con esta carretera congestionada e insegura no será posible el nuevo aeropuerto.

¿Qué hacer entonces?

En lo esencial hay dos propuestas.  La primera consiste envolver los ojos a la vieja idea de hacer una carretera de cuatro carriles por el sur del río Grande. Esta vía iría de Ciudad Colón a El Rodeo, Piedras Negras, Purires, San Pablo de Turrubares y cruzaría el río Grande.

Por este punto, cruzando la 27, llegaría a Coyolar de Orotina, sitio del aeropuerto.

El inconveniente es que por una cláusula del contrato, por toda mejora u obra que compita con la 27 habría que indemnizar a Autopistas del Sol.

La otra alternativa es ampliar la 27 precisamente por el terreno más difícil, inseguro y sobre todo más caro.

Muy posiblemente para ello haya que paralizar el tránsito por esta carretera. Pero de nuevo, por otra cláusula del contrato, si la ruta 27 se interrumpe, el gobierno debe indemnizar a la compañía por el dinero de peajes no cobrado, que en este momento asciende a uno 60 millones de dólares al año.

Hay dos rutas adicionales. Una es la nueva carretera San José- San Ramón,- San Ramón-Barranca, que se proyecta a cuatro carriles.

Y la otra, que los expertos consideran indispensable, es un ferrocarril moderno, para lo cual ya hay derechos de vía, como se puede observar en la vieja estación de Coyolar.

Todavía es muy temprano para asegurar cuánto costará el nuevo aeropuerto, pero muchos elevan sus cálculos más allá de los mil millones de dólares.