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El proyecto de marco de empleo público, presentado semanas atrás por el Poder Ejecutivo, es insuficiente para alcanzar la reforma a la que el Gobierno aspira.

Así lo aseguraron este miércoles los expertos en derecho laboral Marco Durante y Rónald Gutiérrez, convocados por la Comisión de Gobierno y Administración para referirse al expediente 21.336.

Los especialistas señalaron que una normativa que cobije a las 330 instituciones y a los 250 mil empleados públicos podría caer en inconstitucionalidades y violentaría aspectos como la autonomía en el caso de universidades y municipalidades, tal y como ocurrió con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Si bien ambos coincidieron en que la reforma es necesaria, el texto actual podría generar portillos que dejen la aplicación de la norma sin efecto.

Durante expresó que el proyecto se basa en tres ejes fundamentales: la rectoría de Mideplan, la clasificación del sector público en ocho familias y la incursión del salario global.

En esa primera, el experto aseguró que esa posibilidad genera gran discusión, dado que podría generar roces con la independencia de las descentralizadas, por ejemplo.

“Nosotros aplaudimos del proyecto que en las remuneraciones se creó una ley para nuevos funcionarios, porque la discusión siempre es si se están tocando derechos adquiridos, aquí esta discusión no tiene cabida, pero desde el punto de vista político y jurídico el que más ruido puede generar es esa rectoría del Mideplan”, dijo Durante.

La propuesta del Ejecutivo incluye nuevas reglas para servidores públicos, un único régimen de empleo público, una única escala salarial y un nuevo esquema de reclutamiento sobre la base del mérito y la idoneidad.

El proyecto fue dictaminado hace dos semanas y ahora inició una larga sesión de consultas a diferentes expertos e instituciones para valorar su idoneidad y solidez antes de llegar al Plenario.