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La Contraloría General de la República se sumó a la larga lista de entidades que expresaron sus dudas por el llamado proyecto PAGAR, con el que el Gobierno esperaba trasladar ₡226 mil millones de superávits al pago de la deuda.

En comparecencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la contralora Marta Acosta respaldó lo dicho ayer por la SUTEL en el entendido de que el traslado de ₡40 mil millones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) que defiende el proyecto es ilegal, pues la Ley de Telecomunicaciones impide que esos recursos se utilicen para cualquier otro fin que el ahí dispuesto.

“El Fonatel no es un superávit, es un fondo compuesto por contribuciones que tiene un destino específico y un fin social, transferirlos para el pago de la deuda implicaría una reforma en la ley”, advirtió.

Esa tesis ya había sido planteada ante esa comisión por el presidente del Consejo de la Sutel, Federico Chacón, quien advirtió la ilegalidad de esa solicitud y que eso pudo haber sido advertido con tiempo, pero el Gobierno nunca le consultó el proyecto a esa entidad.

Acosta advirtió, además, que los recursos contemplados en la iniciativa corresponden en su mayoría a pasivos de caja única, saldos por cobrar que tienen las instituciones al Gobierno central por lo que su traslado no podría ser inmediato.

Añadió también que se formuló antes de la pandemia del COVID-19, por lo que su propuesta no contempla la afectación actual y el impacto que ha tenido en esos superávits.

Esa tesis ha sido ampliamente defendida por entidades como el ICT, la JPS, la propia SUTEL y hoy por el Ministerio de Trabajo, que mediante la ministra Giannina Dinarte expresó que de los ₡18 mil millones originalmente solicitados al Fondo del Consejo de Salud Ocupacional, solamente ₡10 mil millones están en condiciones de ser transferidos por los cambios que contempla la reforma a la Ley del INS.

Los diputados acordaron entonces llamar a comparecer a las autoridades de las diferentes instituciones contempladas en la iniciativa y otras más que habían sido excluidas originalmente, con el fin de intentar recuperar (o aumentar) los montos establecidos por el Ejecutivo.

También pidieron esclarecer la redacción a fin de que quede claro que los montos recaudados irán exclusivamente al pago de la deuda, aunque se discutirá si alguna partida podría llegar a la atención de los efectos de la pandemia.