Última Hora

De los 370 casos que fueron analizados en el 2017 por corrupción, solo 33 llegaron a juicio y únicamente el 7% acabaron, 3% de estos fueron condenatorias.

Así lo refleja el tercer Informe Estado de la Justicia publicado este lunes, que evidencia el poco castigo que reciben los llamados delitos de cuello blanco en el país.

El informe analizó los expedientes de 2017 (registro más actual) para determinar la respuesta que el Poder Judicial brinda a las denuncias relacionadas con corrupción.

De esos 33 casos que sí llegaron a juicio 12 fueron condenados, 14 absueltos, cuatro sobreseídos y tres anulados.

En promedio, las condenas oscilaron entre un mes y seis años de prisión.

Entre los casos que nunca llegaron a juicio las dos formas de concluir dichas investigaciones fueron por las desestimaciones y los sobreseimientos, con un 46% cada una.

“La mayoría de las desestimaciones se dan por atipicidad de los hechos denunciados, mientras que los sobreseimientos se dan por alguna de las siguientes razones: la prueba recabada no permite demostrar que el hecho se realizó o que fue cometido por la persona denunciada, los hechos ya han prescrito o se ha procedido a la aplicación de medidas alternas (suspensión del proceso a prueba, reparación o conciliación)”, cita el informe.

La investigación reveló además que en Costa Rica el tiempo promedio desde que se comete el delito hasta que se denuncia es de 563 días, lo que también supone un alto riesgo para la prescripción de delitos.

En cuanto al tipo de delitos, de los 370 expedientes analizados cinco agrupan el 77% de los casos: peculado (108), incumplimiento de deberes (84), prevaricato (40), tráfico de influencias (24) y concusión (22).

Curiosamente los delitos más denunciados son también los que menos se sancionan.

“Además, otra de las dificultades reconocidas en este paso es la complejidad de algunos delitos. Ejemplo de ello es el caso del tráfico de influencias, para el cual se han encontrado deficiencias normativas y prácticas que dificultan su persecución efectiva y entraban la adecuada penalización de dicha conducta, al punto de que, desde su creación en 2004, nunca se ha sancionado a nadie por este delito”, cita el informe.

El análisis también subraya que en 2017 un14,7% de los casos de corrupción se archivaron porque no hubo un imputado conocido.