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La Sala Constitucional no encontró vicios ni de forma ni de procedimiento en el proyecto de ley para regular la usura.

Los magistrados resolvieron por unanimidad que no existen roces de inconstitucionalidad en los artículos consultados por un grupo de 10 diputados de diferentes fracciones el 30 de abril anterior.

“Por unanimidad la Sala Constitucional no encontró vicios por el fondo ni de procedimiento del proyecto que regula la usura. Es importante aclarar que la Sala no entra a determinar la conveniencia ni inconveniencia del proyecto como tal, ese es un tema que corresponde a la Asamblea Legislativa, la Sala se limitó a hacer un análisis de constitucionalidad”, explicó el presidente del tribunal Fernando Castillo.

La consulta fue firmada por los socialcristianos María Inés Solís, Óscar Cascante, Pedro Muñoz y Erwen Masís; los independientes Erick Rodríguez e Ivonne Acuña; Otto Vargas y Dragos Donalescu del Republicano Social Cristiano y Jonathan Prendas e Ignacio Alpízar del bloque Nueva República.

Esa primera consulta anuló una posterior presentada por 36 legisladores que pretendía revisar todo el proyecto.

Así, la Sala aclaró que es incorrecto afirmar que se avala por completo la iniciativa, pues el tribunal se limitó a señalar que en los puntos consultados por los legisladores no se violentan derechos fundamentales ni principios constitucionales. 

La iniciativa, votada en primer debate en abrir anterior, propone una tasa máxima de interés de 39% para todos los créditos formales del país, cualquier cifra por encima de ese techo se consideraría usura y, por lo tanto, un delito.

Se trata de una reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, vigente desde enero de 1995 y que sanciona la usura, pero nunca definió los parámetros para determinarla.

El Código Penal castiga con entre seis meses y tres años a quienes cometan usura.

La iniciativa establece entonces un tope de 39% para los créditos y las tarjetas, mientras que en el caso de los microcréditos (préstamos de ₡675.000 o menos) la tasa máxima será de 55%.

Hasta ahora el Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) habían sido claros en que la fijación de esa tasa podría provocar que se produjera una masiva exclusión del sistema financiero de los sectores más vulnerables.

El Central había propuesto una tasa máxima de 57%, mientras que la SUGEF 45%.

Esa posición fue recordada hoy por varios diputados, que apoyaron la discusión original pero no en el contexto actual de emergencia por la pandemia del COVID-19.

Esos mismos legisladores fueron quienes presentaron esa primera consulta.

Ahora el proyecto tendría luz verde para su votación en segundo debate.