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La posición sobre este tema que se viene discutiendo hace ya varios meses llegó a raíz de una denuncia presentada contra el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por el cobro que se hace del IVA desde enero anterior.

“La Defensoría de los Habitantes analizó la situación técnica y jurídica y concluyó que la decisión de la ARESEP es ilegal pues, aunque se fundamentó en el Reglamento del IVA emitido por el Ministerio de Hacienda, este a su vez contraviene lo dispuesto en la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, dijo la entidad.

El cobro consiste en el pago de ₡1,19 por litro en el precio final según dispuso la Aresep. Dicho aumento tarifario se realizó para cumplir con lo dispuesto en el Reglamento a la Ley del Valor Agregado (Decreto Ejecutivo 41779), aprobado por el Ministerio de Hacienda en el mes de junio de 2019.

“Con base en el análisis realizado, la Defensoría recomendó al Poder Ejecutivo corregir el Reglamento y cualquier otra decisión administrativa basadas en este y a la ARESEP dejar sin efecto la resolución que define la aplicación del IVA al transporte de combustibles, para que se cumpla con la voluntad del legislador que estableció la exención de la venta de combustibles a ese impuesto según las Leyes 9635 y 8114”, añade.

La venta de combustibles, según las Leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Simplificación y Eficiencia Tributaria (Leyes 9635 y 8114, respectivamente) no está sujeta al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La Defensoría concluyó que, si las actividades de transporte y comercialización de combustibles se gravan con el IVA, se introducen distorsiones en el modelo regulatorio en la política de precio único nacional y se da al traste con la intención que tuvo el legislador de exonerar los combustibles del IVA en beneficio de los habitantes.