Expertos señalan consecuencias negativas sobre propuestas de Gobierno en materia salarial

Los efectos negativos de promover una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 han sido poco analizadas por las autoridades.

Así lo aseguran expertos del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), quienes advierten más sobre los impactos de las iniciativas que han surgido para atender la crisis por coronavirus.

La primera consecuencia que señalan es que la reducción de salarios públicos también reduce la base contributiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tanto en seguros de salud como de pensiones, la cual ya se ve seriamente afectada por despidos y reducción en las jornadas.

“Para evitar un mayor efecto negativo, si se continúa con la idea, se deberá compensar financieramente a la CCSS, lo que reducirá el eventual ahorro esperado de esta propuesta”, destacan varios economistas por medio de un comunicado.

Además, la recaudación del impuesto sobre la renta aplicado a los salarios también se vería afectada hacia la baja, lo que deberá restarse de las cuentas de un eventual ahorro por reducción de salarios.

​“Es de suponer que los funcionarios afectados tendrán el mismo derecho que sus pares del sector privado de retirar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), lo que pondría más prensión financiera sobre las Operadoras de Pensiones Complementarias”, reza el comunicado.

Por otra parte, perciben desde ya problemas para entidades financieras con aquellas personas con altos niveles de endeudamiento y a las que se les realizan rebajos automáticos, ya que verían reducido su salario líquido más allá de lo razonable.

La reducción en el consumo que ha derivado la crisis es otra de las secuelas, ya que pesará más en la producción en el corto plazo, que en los beneficios por parte de la reducción del déficit fiscal.

“Creemos que las medidas deben seguir apuntando a buscar recursos para fondear ayudas para personas sin empleo y sin ingresos, incluyendo aquellos cuya actividad se clasifica como informal, para evitar un colapso social”, detallaron.

Por último, alientan al Gobierno a que estime y haga públicos los ahorros que se están generando, particularmente en cuanto a: horas extras, viáticos dentro y fuera del país, compra de combustibles, pago de servicios públicos y eliminación de aumentos salariales.