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Los diputados a cargo de presentar al Poder Ejecutivo una propuesta de ley para el retiro anticipado de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) insistirán por el expediente 21.309, la iniciativa original y con menos consenso de todas.

El proyecto, presentado hace más de un año por el diputado de Restauración Nacional Eduardo Cruickshank, permitiría el retiro anticipado y completo de la pensión complementaria a todos los jubilados hasta el año 2023.

La intención es que esas personas decidan si quieren el monto total o bien un pago en tractos previamente acordados.

El proyecto detalla además la posibilidad de que personas con enfermedades terminales o graves, o bien aquellas con pensiones muy bajas, puedan también retirarlo de manera total.

“No se justifica que las personas, teniendo dinero ahorrado, no puedan disponer de él y no se vale que los jubilados, siendo una población altamente vulnerable al coronavirus, no puedan, en estado de emergencia, disponer del dinero del ROP”, expresó días atrás el propio Cruickshank

“En vista de la fragilidad de las finanzas públicas, es imposible exigirle al Gobierno que subsidie a las personas en esta emergencia, pero sí es urgente que las personas puedan disponer de dineros que les pertenecen”, añadió.

Precisamente él es parte de la mesa de trabajo encargada de discutir y consensuar un texto que consiga el visto bueno y la convocatoria del Ejecutivo, hasta ahora abierto detractor de la medida.

Posibilidades

Los diputados de esa mesa mantienen en análisis cinco iniciativas de ley: la de Cruickshank y otras cuatro que han surgido como posibilidades para la atención de la emergencia nacional ocasionada por la pandemia del Covid-19.

Entre ellas la de la liberacionista Karine Niño, que propone un retiro del ROP por tres meses y solo por el monto del salario bruto de cada trabajador afectado.

“Hay dos perspectivas, una es discutir sobre el texto del 21.309 y la otra sobre las iniciativas de las entregas parciales del ROP para todos aquellos que queden subempleados o despedidos por la emergencia, pero esto no ha sido discutido, lo primero que decidimos fue ponernos de acuerdo con el 21.309”, explicó el también verdiblanco Luis Fernando Chacón, miembro además de esa mesa de trabajo.

El legislador explicó que si bien entienden que las convocatorias actuales deben enfocarse en la atención de la emergencia por el nuevo coronavirus, hay también una intención de ayudar a los pensionados afectados por los efectos de la pandemia.

“El 21.309 tiene más madurez porque nosotros sí vemos que hay una injusticia con los trabajadores que tienen sus fondos ahí, pero la formula fue calculada con números que la gente no entiende, como que se calculó con las expectativas de vida de 115 años cuando está determinada en 83 años en el caso de los hombres”, explicó Chacón.

El diputado aseguró que el expediente 21.309 tiene buen ambiente en el Plenario, sin embargo el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y otras entidades financieras han sido claras en que el régimen podría colapsar por el retiro adelantado de fondos, sin mencionar que podría dejar desprotegidas a las personas en un futuro, cuando necesiten esos dineros y ya no existan.

La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) explicó este martes que, en el caso del FCL, las inversiones de los fondos se están viendo afectadas por la situación de los mercados internacionales, por lo que el retiro de esos fondos materializaría esas pérdidas.

Lo mismo podría suceder con las inversiones del ROP.