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Pagar una pensión alimentaria y cumplir con las demás obligaciones puede volverse un tormento cuando no se tienen los ingresos suficientes para salir adelante.

Acorralados por el desempleo, la cárcel se convierte en la única opción para saldar la deuda.

Un 30% de los presos por pensión vuelve una y otra vez a la cárcel ante la incapacidad de cumplir con este pago.

Las personas que incumplen con el pago de la pensión deben pasar seis meses en la cárcel. Cada privado de libertad le cuesta al estado cerca de 25 mil colones diarios.

Mientras tanto el problema de fondo no se resuelve.

Pero ¿es posible pensar en una reforma que elimine el apremio corporal?

Todos los días ingresan poco más de 1000 órdenes de apremio corporal, según datos del Observatorio de Violencia de Género.

Actualmente 426 personas están presas por pensión.