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Los miembros del Tribunal fueron categóricos al decir que se violentaron derechos y garantías constitucionales al intervenir ilegalmente, las comunicaciones telefónicas durante una investigación por tráfico internacional de drogas.

El Artículo 24 de la Carta Magna garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y el secreto de las comunicaciones, algo que, según los jueces, no se hizo en este caso.

Un exagente del OIJ de apellido Alemán y otros siete imputados, fueron absueltos este miércoles por el delito de tráfico internacional de drogas, debido a vicios durante las intervenciones telefónicas.

La jueza explicó que las interceptaciones hechas a los sospechosos entre febrero y noviembre del 2017 fueron ilegítimas, a la luz del Artículo 13 de la ley 7425, sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones.

La presidenta del Tribunal calificó de muy grosero el error del juzgado y la Fiscalía y aseguró que hubo poca rigurosidad en la investigación, que se repitió en todas las resoluciones jurisdiccionales.

Rodolfo Brenes, abogado penalista  considera que es gravísimo e inadmisible que en investigaciones como estas, se comentan errores de ese tipo.

El Artículo 24 de la ley 7425, castiga con 1 a 3 años de prisión, al juez y al funcionario policial o del ministerio público, que divulgue o utilice la información recabada mediante el secuestro de documentos o la intervención de comunicaciones, con un propósito diferente del establecido en la orden.

La Fiscalía adjunta contra narcotráfico y delitos conexos informó que esperará hasta que la resolución sea remitida a ese despacho para analizar si impugna la sentencia absolutoria.

En un comunicado precisaron que ese despacho “ya se encuentra preparando un informe respecto al manejo que se dio a las intervenciones telefónicas por parte de la autoridad jurisdiccional, es decir, el juzgado penal, así como acerca de las solicitudes planteadas por el ministerio público en la etapa de investigación y su correspondiente trámite.

“Dicho informe se podrá completar únicamente hasta que se cuente con la resolución. No obstante, es necesario indicar que la orden de realizar una intervención es emitida exclusivamente por un juzgado penal y el control en la ejecución de dicha diligencia también corresponde a este órgano jurisdiccional; al tiempo que el ministerio público, tras solicitar esa gestión, verifica su realización y da el seguimiento respecto”, dice un comunicado oficial.

La oficina de prensa de la corte respondió que están tramitando nuestra consulta.