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Este martes en conferencia de prensa, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica le entregó a la Defensoría de los Habitantes el análisis que realizó un comité especial sobre la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

 El informe recomienda, como punto principal, reformas a la Constitución Política y a las leyes sobre la protección de datos personales.

El Colegio de Abogados deja claro en el documento que, aunque los datos tienen mayor protección, no se pueden transferir sin la autorización de los titulares.  

El comité especial considera que se debe reformar el artículo 24 de la Constitución, el cual dice que “se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”.

Para el Colegio de Abogados, la reforma a este artículo debe abarcar una aclaración en el sentido de que, cuando se hable de ley, se entienda que en cualquier supuesto esta deberá ser aprobada por mayoría de dos tercios de los diputados y que su debida aplicación requerirá de la intervención de un juez.

Además, recomendaron reformar el artículo 8 de la ley 8.968 (Protección de datos personales) con el propósito de suprimir la posibilidad de cualquier interpretación contraria al artículo 24 de la Constitución Política.

Durante la conferencia, el Colegio de Abogados confirmó que en su análisis sí encontraron violaciones a la protección de datos personales, pero debido a la investigación penal que realiza el Ministerio Público no se referirán al tema.

A manera de urgencia, le proponen a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que garantice la independencia de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) para poder fiscalizar las infracciones a normativas de datos personales por parte del gobierno, como en el caso de la UPAD.

También se le pidió a la Defensoría de los Habitantes iniciar una investigación sobre el posible incumplimiento de la Prodhab.

E Colegio de Abogados encontró en el decreto para la creación de la UPAD una serie de inconsistencias: no indicar las maneras de procesamiento de la información obtenida, los algoritmos utilizados para el cruce de información y, lo más grave, no contener ninguna referencia a normativa disciplinaria interna sobre las consecuencias en el caso de violación al deber de confidencialidad.    

El comité especial está integrado por Fabián Volio Echeverría, experto en derecho constitucional, Adalid Medrano y León Weinstok, expertos en derecho informático, así como Mercedes Flores, integrante de la Junta Directiva, y Álvaro Sánchez, presidente del Colegio de Abogados.