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La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, la diputada independiente Ivonne Acuña y el diputado José María Villalta (Frente Amplio) demandan al Gobierno declarar emergencia nacional por la violencia contra la niñez y adolescencia que impera en Costa Rica.

Este lunes en el programa 7 Días, la Defensora y diputada participaron en una mesa de diálogo con el director del espacio, Rodolfo González, hicieron énfasis sobre las diferentes agresiones que hay contra los menores de edad y el actuar que debe de tener el Ejecutivo contra esta situación.

Durante el programa también estuvo presente Ovidio Fernández, secretario adjunto del sindicato de empleados del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quien no se quiso referir a la declaratoria de emergencia, pero afirmó que para los trabajadores de la institución no es necesaria una intervención externa porque ya se cuenta con toda la experiencia y la expertise de funcionarios para realizar el trabajo.

Además, Teletica.com conversó con Villalta quien ha sido uno de los diputados que ha logrado revertir, para bien, el presupuesto que por ley le corresponde al PANI. El asambleísta sí está de acuerdo con la declaratoria de emergencia porque asegura que el estado de la institución es crítico y se debe de intervenir cuanto antes.

La Defensora de los Habitantes ve muy grave que los niños en el país sean agredidos por quienes los tienen que proteger.

“El tema de la violencia contra la niñez y adolescencia es un tema de emergencia nacional para el Gobierno. El PANI tiene que mejorar su gestión nombrando un equipo de especialistas externos que vigilen su gestión. Al Ejecutivo la Defensoría recomienda que se debe de asumir un especialista o un comisionado de la niñez y adolescencia para que vigile la institución desde Presidencia”, declaró Crespo.

La diputada del bloque independiente agregó que, “el tema de violencia no es solo de la niñez, es algo más grave que afecta a la sociedad costarricenses como tal. Esta declaratoria de emergencia nacional se debe de hacer de forma general y que impulse al Gobierno a llevar a cabo una política nacional a favor del fortalecimiento de la familia”.

Tanto la diputada como la Defensora de los Habitantes coinciden en que la falta de ejecución del PANI responde y obedece a una cabeza que no sabe dónde va, quien dirija debe de tener capacidad a la perfección de manejar la parte de gerencia y ejecución por lo que la institución debe tener objetivos claros.

Además de la emergencia que se vive por violencia, creen que Presidencia debe de nombrar ya la cabeza del PANI porque los hechos continúan y no se puede esperar más semanas para nombrar al sustituto de Patricia Vega, quien fue la presidenta ejecutiva hasta el pasado jueves 16 de enero tras un caso de violencia en el que la institución no pudo tener rápida acción y el menor de edad falleció.

El PANI recibe al año más de 50.000 llamadas por situaciones que generan amenaza o violación de derechos de las personas menores de edad.